El 5 de abril, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, decretó la emergencia en seguridad durante una conferencia de prensa con todo su gabinete, para mostrarse cerca de las preocupaciones de la gente y diferenciarse del gobierno nacional. Prometió fondos, más patrullajes, más policías para acorralar el delito. Pero los bonaerenses no sintieron los resultados. Según una encuesta exclusiva realizada para PERFIL por González y Valladares, uno de cada dos bonaerenses sufrió un hecho de inseguridad en el último año. Más de la mitad conoce un familiar directo que también fue víctima de la delincuencia y el 90% está muy preocupado por esta situación que se vive en la Provincia. Los indicadores muestran que los encuestados creen que los principales responsables por la ola delictiva son el poder político y, en segundo lugar, la Justicia.
Sin embargo, cuándo se le pregunta al entrevistado cuál sería la medida más eficaz para combatir la inseguridad, en primer lugar responde que los jueces deberían ser más severos con sus fallos, invirtiendo así el nivel de responsabilidades atribuido a los políticos. “Pensar menos en los derechos de los delincuentes”, creen que es la segunda opción más efectiva para combatir los robos y homicidios. “Aumentar las penas y atacar las causas sociales del delito”, son la tercera y cuarta prioridad en el combo de medidas que la gente cree más eficaces.
Sobre este punto vuelve la encuesta cuando se consulta sobre cuál cree que es la medida más eficaz: si tener mayor firmeza contra el delito o combatir el origen de los actos criminales. Para los encuestados, ambos factores son igual de importantes.
Un dato para los candidatos es que más de la mitad de los encuestados elegiría un gobernador que prometa atacar con firmeza el delito pero también que se comprometa a resolver los problemas de fondo, como la pobreza, la educación y la exclusión.
Uno de los últimos casos más resonantes de inseguridad se dio en Morón, el lunes pasado. Una niña de 15 años murió en el patio de su escuela por una bala perdida que provino de un tiroteo entre policías y delincuentes.
Precisamente, en relación con los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los criminales, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –alineado con el gobierno nacional y crítico del sciolismo– reveló que estos enfrentamientos sumaron 338 desde que se declaró la emergencia en seguridad. Pero con una salvedad: se duplicó la cantidad de delincuentes muertos en comparación con el último relevamiento de 2005.
También evidenció que hay cada vez más personas privadas de su libertad y que hay superpoblación en las cárceles. “En mayo se alcanzó el punto máximo de personas privadas de su libertad de los últimos 15 años”, dice el documento.
La presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Legislatura bonaerense, Mónica Macha, sentenció: “La investigación muestra los altos niveles de hacinamiento, situaciones de tortura, falta de alimentos y cobertura sanitaria en el sistema penitenciario bonaerense. El trabajo subraya, además, un preocupante incremento de muertes por abuso de las fuerzas de seguridad”.
