Luego del asesinato de una joven de 18 años frente al asentamiento Papa Francisco, ubicado en el barrio de Villa Lugano, ayer se efectuó el desalojo ordenado por la Justicia hace más de cuatro meses. En el predio, lindero a la Villa 20, vivían más de 1.800 personas que quedaron en situación de calle. El operativo fue conjunto entre la Policía Metropolitana y Gendarmería nacional, y hubo seis detenidos y ocho heridos. Hubo tensión entre vecinos del barrio y los efectivos, que incluso agredieron a legisladores porteños que reclamaban en el lugar.
Durante la madrugada, la jueza en lo Penal, Correccional y de Faltas de la Ciudad, Gabriela López Iñíguez dictó una orden de allanamiento para dar con los presuntos autores del homicido de López, ocurrido el martes pasado. Sin embargo, una vez que ingresaron al predio ocupado desde fines de febrero, se procedió al desalojo. “La Metropolitana entró a los golpes a las siete de la mañana y nos pidió que salgamos del terreno. Cuando salimos nos enteramos de que desalojarían”, contó a PERFIL María del Carmen, una de las ocupantes del ex cementerio de autos de la Policía Federal donde se conformó el barrio.
El operativo contó con más de mil efectivos entre gendarmes, metropolitanos y federales. Una vez afuera, los vecinos pudieron ingresar a retirar algunas pertenencias y se apostaron sobre la avenida Fernández de la Cruz para aguardar una propuesta del Gobierno de la Ciudad. Un grupo minoritario se retiró a casas de amigos y familiares, pero cerca de 1.500 personas decidieron quedarse a la espera de una solución habitacional. Desde la Ciudad ofrecieron a los vecinos un depósito para guardar muebles, heladeras y colchones, mientras que aquellos que lo desearan podrían pasar la noche en paradores que dispuso el Ministerio de Desarrollo Social porteño.
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Ante la atenta mirada de los vecinos, cerca del mediodía comenzaron a ingresar las topadoras para destruir las casillas, y en pocos minutos desmontaron las construcciones precarias de madera, chapas y ladrillos que habían levantado los habitantes del barrio Papa Francisco. “Ahora estamos en la calle, mi hogar era la toma. Me sacaron lo poco que tenía”, lamentó Jorge, otro de los ocupantes.
Lágrimas e indignación. Con angustia, los ocupantes resistieron la llovizna de la mañana y el intenso calor de la tarde. “De acá no nos vamos”, “nos vamos a quedar sobre la avenida” y “queremos una solución ya”, repetían los desalojados, entre quienes se encontraban familias numerosas, mujeres embarazas, niños y discapacitados, que también fueron agredidos durante el operativo. El SAME debió trasladar a seis personas heridas por balas de goma e intoxicación por la inhalación de gas pimienta.
Por la mañana, la jueza López Iñíguez ya había dado por finalizado el operativo, pese a que las tareas de remoción de escombros continuaban, y aseguró que el desalojo se produjo “sin resistencia y sin incidentes”. Sin embargo, los vecinos enfrentaron a gritos a las fuerzas de seguridad presentes que respondieron con balas de goma y golpes. Incluso hubo seis detenidos que fueron trasladados a la Comisaría 52, a la seccional de la Metropolitana en Barracas y a una fiscalía.
Un grupo de legisladores porteños se acercó al lugar para presenciar el operativo y fueron agredidos por la Metropolitana cuando exigían la liberación de uno de los detenidos. Pablo Ferreyra (Aluvión Ciudadano) recibió tres disparos de balas de goma, mientras que José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro) y el diputado nacional Horacio Pietragalla (Frente para la Victoria) fueron golpeados por efectivos policiales.
Los diputados presentes informaron a PERFIL que la decisión de allanar se tomó debido al homicidio de Melina López (ver aparte), quien caminaba junto a su novio frente al asentamiento y fue asaltada por delincuentes que huyeron con dirección al barrio Papa Francisco, aunque luego se supo que eran habitantes de la Villa 20. “Ese fue el episodio que rebalsó el vaso y motivó que la jueza vuelva a ordenar el desalojo”, explicó Ferreyra.
“Efecto sorpresa”
En el operativo fueron detenidas seis personas acusadas de usurpación, lesiones y resistencia a la autoridad. Al cierre de esta edición prestaban declaración ante el fiscal Carlos fel Rolero, según confirmó a PERFIL el fiscal general de la Ciudad, Martín Ocampo. El funcionario evaluó que el operativo fue “exitoso”, y que se llevó a cabo con “mucho profesionalismo, y generando un efecto sorpresa” en los habitantes del barrio Papa Francisco.
Anoche la Ciudad ya había comenzado la instalación de un cerco perimetral para evitar futuras ocupaciones. Y en pocas semanas el gobierno porteño comenzaría las tareas de saneamiento del suelo, que se encuentra contaminado con plomo y otros metales tóxicos, debido a que en el lugar funcionaba hasta hace tres años un cementerio de autos de la Policía Federal. Luego podrían avanzar las obras de urbanización del terreno, tal como lo marca la Ley 1.770 sancionada en 2005.
Un asesinato, el detonante
Melina López tenía 18 años y, junto a su novio Matías, caminaba el martes frente al barrio Papa Francisco. Iban a pagar una factura cuando fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes que quisieron robarle la cartera. En el intento de quitársela uno de los ladrones disparó directamente a la cabeza de Melina, que murió instantes después.
El hecho fue un episodio más de inseguridad en la zona, pero resultó la gota que rebalsó el vaso y apuró la decisión de la jueza Gabriela López Iñíguez, que casi de inmediato ordenó el desalojo del predio.
El tío de la víctima, Ricardo Olmedo, les dijo a los medios de prensa que la chica nunca se resistió al robo y que después de dispararle a centímetros del cuerpo los delincuentes se refugiaron en el asentamiento de Pola y Fernández de la Cruz. Vecinos de la zona venían reclamando mayor seguridad.
