viernes 12 de agosto de 2022
POLITICA el famoso caso de los 800 mil dólares

Valija de Antonini: a 15 años, aún no hay fecha de juicio

El Tribunal Oral Penal y Económico N° 1 tiene en sus manos la causa. Tras rechazar los últimos intentos de las defensas por frenar el caso, todavía no estableció, a 15 años del hecho, un fecha concreta para que los acusados se sienten en el banquillo. Ex funcionarios kirchneristas, venezolanos y dirigentes están involucrados en la investigación que comenzó con el hallazgo de María Luján Telpuk en una valija que provenía de Caracas. La trastienda judicial, las medidas y los avances de la Justicia. Echegaray, De Vido, Uberti y Olazagasti fueron acusados. Los últimos planteos de las defensas.

06-08-2022 05:48

Esta semana se cumplieron 15 años del episodio protagonizado por la ex oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria María Luján Telpuk, quien decomisó 790.550 dólares que traía Guido Alejandro Antonini Wilson en una valija.

Hoy la causa judicial, que estuvo a punto de cerrarse, está en instancia de juicio pero sin fecha de inicio.

El hecho se remonta a la madrugada del 4 de agosto de 2007, cerca de las tres de la mañana, cuando un vuelo privado proveniente de Caracas arribó a la terminal sur de vuelos privados del Aeroparque Metropolitano, una situación que, según relató Telpuk, era totalmente inusual.

Junto a Antonini Wilson desembarcaron: Diego Uzcátegui Matheus, por entonces vicepresidente de la petrolera estatal venezolana Pdvsa; su hijo Daniel Uzcátegui Specht; Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales; su secretaria, Victoria Bereziuk, además de Wilfredo Ávila, Ruth Berréenes y Nelly Cardozo, funcionarios de segunda línea de Pdvsa en aquel momento.

En 2019 se requirió la elevación a juicio oral y en abril de 2021 se sorteó el tribunal

Todos ellos venían a Buenos Aires a participar de la cumbre presidencial entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez, con un marco político no menor: estaba por definirse quién se iba a candidatear para las presidenciales, si Néstor o Cristina Fernández, en un momento en que las encuestas daban al kirchnerismo como vencedor.

Dos días después del hallazgo, se llevó adelante el encuentro de los mandatarios en Casa de Gobierno, del que participaron numerosos funcionarios y empresarios de ambos países. Luego de la trascendencia mediática del intento de ingreso de “la valija de los 800 mil dólares”, se instaló la incógnita: si Guido Antonini Wilson estuvo o no en Casa Rosada.

El primero en negarlo rotundamente fue Aníbal Fernández, quien en su momento era jefe de Gabinete de Ministros; sus dichos fueron desmentidos por los registros de las cámaras de seguridad de Casa de Gobierno, que incluso fueron transmitidos por el canal del Estado. Fernández calificó a Antonini como “un mequetrefe de alquiler a quien se le había pagado para que dijera lo que hacía”.

Antonini Wilson salió de la Argentina a las pocas horas de la cumbre con destino a los Estados Unidos, vía Uruguay. El escándalo ya estaba tomando otra dimensión. Fuentes de la investigación señalaron que el denominado valijero ingresó a Casa de Gobierno de la mano de José María Olazagasti, ex secretario privado y mano derecha del ex ministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido.

La intervención judicial vino en principio de la mano de la jueza María Marta Novatti de forma interina; después asumió Daniel Petrone como titular del Juzgado Penal y Económico N° 2 hasta que pasó a ser magistrado del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín (actualmente Petrone es camarista de Casación). Con esa vacante abierta, el lugar fue subrogado por varios jueces, entre ellos Marcelo Aguinsky, quien tiene a su cargo otro expediente que involucra a los gobiernos venezolano y argentino por presuntos negociados irregulares con sobreprecios. Del lado de la fiscalía, intervino inicialmente María Luz Rivas Diez y, tras su jubilación, su lugar fue ocupado por Pablo Turano.

La causa en el exterior. En tanto, y ante la Justicia estadounidense, Guido Antonini Wilson admitió que el dinero que llevaba en la valija tenía un fin, que era financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández; de hecho, María Luján Telpuk se trasladó a los Estados Unidos, donde brindó testimonio en la causa. Finalmente, Antonini quedó como testigo protegido de ese país, no sin antes admitir que en ese vuelo pasaron 4,2 millones de dólares. En su momento, el juez Petrone, a instancias de la fiscal Rivas Diez, había pedido la captura internacional de Diego y Daniel Uzcategui. Ambos, junto a Antonini Wilson, siguen siendo considerados prófugos de la Justicia argentina. Los exhortos diplomáticos a Venezuela por el paradero de los Uzcategui aún aguardan respuesta.

Es así como, en 2015, el juez Pablo Yadarola quedó a cargo de forma definitiva del Juzgado Penal y Económico N° 2 y de la causa. Yadarola hizo foco en los hoy ex funcionarios nacionales por el delito de contrabando de importación de divisas. Luego de indagar a Julio De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Echegaray (en su momento titular de la Aduana), Victoria Bereziuk, Ezequiel Espinosa (ex titular de Enarsa) y los aduaneros Siomara Ayerán, Rosa García, Guillermo Lucángeli, María Gallini y Jorge Félix Lamastra, Yadarola dispuso sus procesamientos sin prisión preventiva. En la misma resolución, el juez dictó la falta de mérito de Olazagasti.

Luego de varios meses y diversos planteos de las defensas, la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Económico ratificó lo actuado por Yadarola; sin embargo, revirtió los procesamientos de Bereziuk y Ayerán.

Previamente a esto, Claudio Uberti buscó cerrar la causa con un recurso de prescripción. Adujo que su vínculo con el Estado cerró con su renuncia hacía más de diez años pero Casación rechazó el planteo.

Finalmente, Turano dictaminó el cierre de la investigación en agosto de 2019 y requirió la elevación a juicio oral a Yadarola. El 7 de abril de 2021, el juez dispuso el final de la instrucción y envió a sorteo el expediente, que quedó en manos del Tribunal Oral Penal y Económico N° 1 de los magistrados Diego García Berro, Luis Losada e Ignacio Fornari, y el fiscal Marcelo Agüero Vera. Las penas por el delito de contrabando agravado en la función pública van de tres a diez años de prisión. El último planteo para frenar la causa fue de Ricardo Echegaray pero fue rechazado por el tribunal.