El director del CELS, Horacio Verbitsky, encabezó en la sede de la entidad una rueda de prensa junto a los abogados y familiares del Luciano Nahuel Arruga -desaparecido en Lomas del Mirador en 2009- y denunció un "sistema de complicidad policial, judicial y política" en la caso por el que ocho agentes aún en activo de la Bonaerense están gravemente involucrados.
Sin nombrar directamente al gobernador Daniel Scioli a su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, el director de Página 12 señaló que el encubrimiento de policias en el caso del joven que fue visto por última vez en un destacamento policial sin celdas torturado y ensangrentado "es el mismo modus operandi que el caso Candela por parte de la Policía y la gobernación bonaerense".
Verbitsky fue más allá en sus críticas: "La participación de la política en las redes de ilegalidad está creciendo en la Provincia. Es un gravamen que pesa sobre los barrios más pobres, como en el caso de Luciano, y por eso se protege a estos policías. En Santa Fe hay un cuadro similar con otro signo político".
El "Perro" estuvo acompañado por Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, el abogado Juan Manuel Combi, el titular de la Asamblea Permanente los Derechos Humanos de La Matanza (APDH), Pablo Pimentel, y la letrada del CELS, Eva Asprella.
De hecho, Scioli recibió a los familiares en agosto de este año en La Plata tras tres años y medio de pedidos de audiencia y les dio "su palabra" que el caso iba a ser esclarecido. Pero la hermana de Arruga aseguró que la causa "no avanza" y por eso pidieron que el caso se traslade de la Justicia provincial al fuero Federal. También solicitaron ante la Magistratura del distrito un jury contra la primera fiscal del caso, Roxana Castelli, acusada de darle a la propia Policia la investigación del caso y de destruir pruebas durante 37 días.
"El rol de la política y la Justicia son fundamentales", insistió Verbitsky y consideró que si la causa que todavía se caratula como "averiguación de paradero" pasa a la Justicia Federal, pero ya como "desaparición forzada de persona" (así lo reclaman sus abogados) hay "más posibilidades de éxito y que haya una investigación, que ahora no la hay".
Por su parte, Vanesa Orieta consideró a Scioli como "máximo responsable" por la inacción judicial y aclaró que "si no obtenemos respuestas del gobernador, se la pediremos a la Presidenta, porque Luciano es un ciudadano de la Nación". Para Orieta, "los funcionarios se juntan con nosotros para hacerse la foto".
En el mismo sentido, Pablo Pimentel (APDH) consideró que "Scioli no nos entendió en el encuentro de que el responsable último de todo esto es él" y reclamó al manadatario provincial "que lleve adelante el compromiso que tomó y como mínimo exonere a los ocho policías que desaparecieron a Luciano Arruga".
Según cifras de la APDH de La Matanza, desde el retorno de la democracia 3.700 jóvenes murieron por "gatillo fácil" en la provincia de Buenos Aires y se acumulan 197 desaparecidos en el distrito más poblado del país, muchas de ellas institucionales, como se sospecha en el caso Arruga.
En tanto, el abogado Juan Manuel Combi recordó que Scioli prometió tres cosas en la reunión: entrega a la familia de Arruga del destacamento policial de Lomas del Mirador, pronunciamiento público por la "desaparición institucional" de Luciano y la exoneración de los policías acusados.
Según reveló Perfil.com en enero último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió respuestas al gobierno argentino por el caso. Por ese exhorto, un secretario de Cristina Fernández de Kirchner le solicitó a la actual fiscal del caso, Cecilia Cejas, que le efectuara un informe sobre la investigación. Lo mismo hizo el Ministerio de Seguridad bonaerense. Pero la pesquisa no se movió y no hay un solo detenido.
(*) De la redacción de Perfil.com.
