El ministro de Defensa de Uruguay, Luis Rosadilla, desestimó ayer una información surgida de un diario uruguayo sobre un supuesto "acoso" de buques de la armada argentina a naves orientales en aguas internacionales. Sin embargo, en el Parlamento del país vecino la preocupación por la libre navegación no mermó.
Lo que preocupa del otro lado del Río de la Plata, según informó el diario El País -el mismo medio que publicó la nota sobre la denuncia de “acoso”- es una medida tomada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que podría significar, además de encontronazos diplomáticos, perjuicios económicos.
La medida a la cual hace referencia el medio es la que sostiene que los buques uruguayos o aquellos que zarpen desde el puerto de Montevideo rumbo al sur -principalmente los que tengan como destino Puerto Stanley, en las Islas Malvinas- deberán ser interceptados por las autoridades argentinas. Según El País, estas exigen a los navíos determinadas condiciones para navegar por aguas argentinas o de uso común. Lo que preocupa en el Parlamento son las consecuencias de esta determinación.
El presidente de la comisión de Defensa de Diputados, José Amy, contó, según le habrían dicho en la Armada Uruguaya, que hace algunos días el buque portacontenedores 'Anja', que opera bajo la bandera de Antigua y Barbuda, fue rodeado por autoridades argentinas al este del Banco Inglés, en una zona de aguas de uso común. "Hemos dado algunos pasos importantes, pero esto no es a favor", expresó.
Los legisladores de todos los partidos fueron alertados sobre esta situación, explica El País, por el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla. Sin embargo, el funcionario negó ayer por medio de un comunicado que él hubiera brindado esa información y el Ministerio de Defensa argentino difundió sus palabras.
Sin embargo, los parlamentarios uruguayos salieron a contradecir esa desmentida y ratificaron haber sido informados al respecto.
El País describe que lo que hacen las autoridades argentinas, según e l decreto 256 que regula el tránsito de buques por aguas territoriales argentinas en la zona del Atlántico Sur, es realizar comunicaciones a los buques en donde exhortan a sus tripulantes a embarcar un agente marítimo de nacionalidad argentina. Según el decreto, todo barco que viaje a las Islas Malvinas, o cruce el mar argentino con ese destino, necesitará un permiso especial de la Prefectura Naval Argentina.
