La gobernadora María Eugenia Vidal suspendió mediante un decreto la designación de César Albarracín como fiscal adjunto ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, tras las críticas que recibió por parte de las organizaciones de derechos humanos por su gestión al frente del Servicio Penitenciario.
Albarracín se desempeñó hasta diciembre como Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Allí tuvo a su cargo al Servicio Penitenciario Bonaerense. El cuestionamiento se fundamenta en las graves violaciones de los derechos humanos que sucedieron en las cárceles provinciales durante su gestión.
Frente a esto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el CELS, otras organizaciones, el defensor de Casación Mario Coriolano, el juez Marcelo Madina, Pedro Sisti y la defensora oficial María Dolores Gómez presentaron una nota a Vidal en la que solicitaron que se suspenda el nombramiento del funcionario como fiscal frente al tribunal penal más importante de Buenos Aires.
