Tras el reto de la Corte Suprema a las juezas que intervienen en el caso Correo Argentino SA, la fiscal general Gabriela Boquin solicitó nuevamente a la Justicia que tome una decisión con respecto a la deuda que la empresa de la familia Macri mantiene con el Estado. “El paso del tiempo solo ha producido mayores pérdidas de activos perjudicando a los acreedores”, sostuvo la fiscal en el escrito publicado este viernes en la web del Poder Judicial.
“Es inaceptable que en un trámite en el que el Estado Nacional sea parte se desnaturalice el proceso concursal por la existencia de conflicto de intereses y tampoco se puede admitir que –por los mismos– se termine beneficiando, con elongación de plazos, el no pago de los créditos y sin sufrir las consecuencias propias de un concurso fracasado”, agregó la fiscal.
“Debería aplicársele la normativa legal con el mayor rigor a los fines de evitar sospechas en pos de la transparencia”, sostuvo Boquin.
La deuda original de Correo era por 300 millones pesos/dólares (2001). El cálculo del Ministerio Público Fiscal estableció que, en 2017, ya superaba los $ 4 mil millones. El abogado de Correo, Jaime Kleidermacher, viene sosteniendo ante las consultas de este medio que la compañía quiere llegar a un acuerdo lo antes posible. Luego de la cuasi intervención de la compañía ordenada a mediados de septiembre, sostuvo en un escrito: “Nadie colabora en la recuperación de la empresa”.
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El martes, la Corte envió un claro mensaje. El Ejecutivo había acudido al máximo tribunal para solicitar que se le permita obtener una tregua de 120 días para seguir analizando la propuesta de Correo para pagar sus deudas. La Corte no solo rechazó el pedido del Ejecutivo sino que además llamó la atención a las camaristas que intervienen en este proceso judicial por las dilaciones en la búsqueda de una solución.
Boquin manifestó nuevamente “la necesidad” de “evitar que el transcurso del tiempo fulmine las expectativas del Estado nacional y del resto de los acreedores de recuperar sus créditos. Solicitó que la Justicia tome una decisión: la quiebra o el salvataje de Correo.
La negociación por el pago de la deuda de Correo ya supera los 31 meses desde que Macri ordenó que volviera a foja cero para evitar “conflictos de intereses” y encomendó un decreto para regular este tipo de situaciones. “Pareciera que en base al decreto 201/17 por los conflictos de intereses existentes, se estaría beneficiando a la concursada, lo cual es justamente lo que el decreto buscaba evitar”, afirmó Boquin. La Sala B de la Cámara Comercial debe decidir sobre el futuro de la compañía y sus deudas con el Estado. Está integrada por dos juezas: Matilde Ballerini y María Lilia Díaz Cordero.
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En los últimos días el expediente comercial fue enviado a la Justicia penal, donde el juez Ariel Lijo debe realizar un informe contable para confirmar si el acuerdo de 2016 entre el Ejecutivo y Correo fue “abusivo” para el Estado. Boquin solicitó que el original regrese en cinco días al juzgado comercial para evitar más “demoras”.
Quiebra, salvataje o arreglo: la posible suerte de la firma de los Macri
¿Qué escenarios posibles tiene el caso Correo Argentino? De acuerdo con la consulta con fuentes judiciales, oficiales y de la compañía, la causa en el fuero comercial podría tener al menos tres desenlaces para la empresa de la familia Macri:
◆ La quiebra de la compañía. Es la opción más beneficiosa para el Estado pero el peor escenario para la familia Macri. La situación a la que llegó la deuda de la empresa y la relación estrecha con otras compañías del grupo podría arriesgar mucho más. La quiebra podría extenderse a Sideco y Socma (alfiles del holding de los Macri). Además, los intereses de la deuda se deberían recalcular a la fecha de la quiebra, es decir, que se computarían 18 años de intereses, una suma multimillonaria.
◆ El salvataje de la empresa o cram-down. Es un escenario difícil de alcanzar. Necesita que todos los acreedores de Correo (unos 470) den su conformidad. Eso implicaría conseguir la autorización por escrito de los 470. Muchos de esos acreedores vendieron sus poderes a estudios de abogados que defienden a Correo, como reveló PERFIL. Eso, de acuerdo a la fiscalía, podría poner a los responsables de la empresa en la lupa por presunto fraude a sus acreedores. El salvataje podría tener entonces implicancias penales. Esta alternativa había sido ordenada en 2005 pero la jueza Marta Cirulli nunca ejecutó el cram-down.
◆ La tercera opción es que el Ejecutivo acepte una propuesta de Correo para saldar sus deudas y que la Justicia comercial preste conformidad a ese acuerdo. Es lo que iba a suceder en 2016 pero la fiscal general ante la Cámara Comercial dictaminó en contra del arreglo entre las partes, lo definió como “abusivo” para el Estado y las juezas del tribunal no lo homologaron.
La deuda original de Correo era por 300 millones pesos/dólares (2001). En su última oferta, propone pagar alrededor de $ 738 millones, de acuerdo con el escrito presentado en el expediente y publicado por el Poder Judicial de la Nación. Siempre y cuando, aclara la empresa, la Justicia falle a favor de Correo en sus reclamos contra el Estado por la estatización.
La propuesta dista mucho del cálculo del Ministerio Público Fiscal, que estableció que la deuda de Correo superaba los $ 4 mil millones en 2017.
