De la mano de la Agrupación Justicia Legítima, Carlos Zannini, hombre de extrema confianza de Cristina Kirchner irrumpió en la Justicia Federal para armar “diques de contención legal” previos a las PASO y con miras a las legislativas de octubre.
La Presidenta depositó toda su confianza en él para frenar la supuesta embestida judicial contra los intereses kirchneristas en medio de la campaña, que habrían sido anticipados por funcionarios judiciales alineados con Justicia Legítima.
Zannini realizaría las estrategias de contención como flamante interlocutor entre la Justicia y el poder. Es el nuevo operador de la Rosada, con nexos con jueces alineados con el Gobierno.
Entre estos funcionarios, estarían el camarista de casación penal Alejandro Slokar, un reconocido académico, discípulo y amigo del ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, además de activo integrante de Justicia Legítima e impulsor de la reforma judicial que presentó la Presidenta en el Congreso. La “democratización” fue frenada por la Corte Suprema el pasado 18 de junio.
Tanto Alejandro Slokar como el camarista Gustavo Hornos serían dos de los jueces con llegada a Zannini, que cuenta con el respaldo de Juan Manuel Abal Medina, el jefe de Gabinete. Pero además se apoyan en asesores del CELS, que preside el periodista Horacio Verbitsky, y en fiscales y funcionarios alineados con la postura de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, integrante de Justicia Legítima.
Los allegados a Slokar y Hornos niegan esta acusación y la conectan con la interna que se percibe en la Justicia Federal y que ha desatado denuncias judiciales y personales entre jueces alineados con Justicia Legítima contra aquellos que defienden los fallos de la Corte Suprema, bautizados irónicamente como “ilegítimos”.
Un ejemplo de la guerra fría que se vive en la Justicia entre estos dos bandos. Recientemente, los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos avalaron a la defensa del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, para tratar de anular el juicio oral contra él por dádivas.
Esa causa denotó la interna que se percibe en los tribunales de Comodoro Py, que hizo elevar la presión arterial del camarista Juan Carlos Germiniani, quien se rehusó a concretar ese presunto “pacto de salvataje judicial con Zannini” para beneficiar a Jaime. Pero lo cierto es que la causa puede prescribir.
Zannini opera en varios sentidos: busca “proteger” al ministro de Planificación, Julio De Vido, “silenciar” a Ricardo Jaime y “rescatar” al vicepresidente Amado Boudou, investigado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
Varias fuentes judiciales advirtieron que la próxima guerra tiene que ver con el Boudougate. Es que la cámara que salvó a Jaime del juicio oral por dádivas ahora debe resolver si anula la declaración de la ex mujer de Alejandro Vandenbroele, sindicado como testaferro de Boudou en la Causa Ciccone.
Para los juristas consultados, si se declarara la nulidad del testimonio –por estar prohibida declarar contra los cónyuges–, la investigación de todos modos seguiría en pie porque existen pruebas contundentes contra Boudou, más allá de Laura Muñoz.
Oyarbide, contra Lanata
El juez federal Norberto Oyarbide avanza desde el jueves pasado con una denuncia penal contra Jorge Lanata por “atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”.
El periodista denunciado ha desatado una catarata de denuncias contra funcionarios del gobierno nacional, sobre todo en un año electoral.
Por eso, incluso dentro de la Justicia Federal, acostumbrada a los vaivenes políticos, llamó la atención la denuncia contra Lanata, luego del programa del domingo pasado.
La denuncia realizada por el abogado Jorge Raúl López alude a la comisión de delitos estipulados en los artículos 226 bis y 209 del Código Penal contra el “orden democrático”. Fuentes judiciales explicaron a PERFIL que el juez Oyarbide llamó ayer a López a que se presente a ratificar la denuncia contra el periodista en los próximos días. De no presentarse, quedaría sin efecto legal.
