La pregunta más importante que surge de la intervención de Estados Unidos en Venezuela no es si violó el derecho internacional y sus normas, sino qué revela sobre el futuro del orden internacional liberal. Contrariamente a lo que sostienen algunos analistas, ese orden no está colapsando: sus pilares centrales siguen en pie y las alternativas continúan siendo débiles. Sin embargo, sostenerlo implicará ahora acciones discrecionales más frecuentes por parte de Estados Unidos, y será cada vez menos claro dónde se ubican los umbrales para futuras intervenciones.
Cuando los límites percibidos a la acción estatal se diluyen, el significado del poder cambia. La cuestión deja de ser qué está formalmente permitido y pasa a ser cómo serán interpretadas las acciones por otros actores del sistema. Venezuela expone una tensión creciente entre la prerrogativa estadounidense de aplicar coerción de manera unilateral y las expectativas de cooperación de las que, en última instancia, depende su liderazgo. El liderazgo global no es solo la capacidad de actuar: también importa si una acción refuerza o erosiona las expectativas de prudencia y moderación futuras.
Durante décadas, el poder de Estados Unidos se apoyó en su predominio militar y económico, reforzado por una densa red de alianzas. Esa configuración hacía costosa la salida de los arreglos institucionales liderados por Washington, incluso cuando los socios estaban disconformes. La autoridad estadounidense, por lo tanto, no se sostuvo únicamente en el consentimiento, sino en una estructura de dependencia creada por garantías de seguridad, vínculos de alianza y el control de relaciones económicas y estratégicas clave.
Pero incluso cuando las instituciones consolidan ventajas, no pueden compensar los costos reputacionales y estratégicos del uso discrecional del poder. Si bien una intervención aislada contra un Estado débil o relativamente aislado rara vez modifica la estructura del orden internacional, los efectos se acumulan a medida que otros actores ajustan sus expectativas.
Venezuela se distingue de intervenciones anteriores de Estados Unidos —como en Irak, Kosovo, Libia o Siria—. Esos casos, aunque controvertidos, contaron con un punto claro de escalada o una “línea roja” (aunque fuera construida): programas de armas, violencia masiva o guerras en curso. En cambio, la administración Trump justificó su intervención en Venezuela con una combinación difusa de preocupaciones: migración, evasión de sanciones, redes criminales e influencia china. En ningún momento quedó claro cuándo la contención daría paso a la coerción y a la escalada.
Desde luego, los intereses materiales e ideológicos —acceso al petróleo, influencia regional, resistencia al socialismo— siempre moldearon la política estadounidense hacia Venezuela. Lo novedoso no es la existencia de esos intereses, sino la ausencia de un umbral o emergencia claramente formulados que justificaran la acción coercitiva.
Esta incertidumbre se vio reforzada por movimientos paralelos en otros frentes. Las amenazas públicas del presidente Donald Trump hacia socios cercanos de Estados Unidos, como Canadá (miembro de la OTAN) y Groenlandia (territorio de Dinamarca, también miembro de la OTAN), erosionaron la presunción de que la soberanía de los aliados estaba fuera de los límites de la presión estadounidense.
Al capturar y procesar a Maduro, un presidente en funciones, la administración Trump extendió la jurisdicción de Estados Unidos por vías que no llegan a la guerra. Al marginar a la oposición venezolana, borró la distinción entre facilitar el cambio político e imponerlo. Y al relegar al Congreso, eliminó un control procedimental que antes obligaba a definir líneas rojas con anticipación.
En conjunto, estas decisiones reemplazan umbrales visibles por juicios discrecionales. Antes de Trump, otros países podían identificar una infracción y anticipar la respuesta estadounidense; ahora, solo pueden especular. Ese es el precedente que deja Venezuela.
Durante mucho tiempo, Estados Unidos se benefició de ser visto no solo como un ejecutor de reglas, sino como el principal proveedor de seguridad y acceso dentro de un sistema internacional que moldeó de manera desproporcionada. En ese marco, desvíos ocasionales de las normas eran tolerados porque se asumían excepcionales. Hoy, esa suposición está bajo tensión.
Tan llamativa como la intervención en Venezuela es la tolerancia política interna frente a afirmaciones discrecionales de poder en todo el hemisferio. La especulación liviana sobre reclamos territoriales contra socios cercanos —aunque poco plausible en la práctica— habría sido impensable en un orden basado en la moderación mutua. Ya no. La justificación pública de la Casa Blanca, que presentó la acción como una gestión rutinaria frente a drogas, rivales y efectos colaterales de seguridad, y no como un uso excepcional de la fuerza, muestra hasta qué punto se normalizó el enfoque trumpista de discrecionalidad primero.
Esto importa. El orden no depende solo de los resultados, sino también de las expectativas. Si más Estados comienzan a anticipar que juicios similares podrían aplicarse contra otros, aunque sea de manera esporádica, cambia el cálculo de participación. Lo más probable no es una deserción masiva ni confrontaciones abiertas, sino estrategias de cobertura: blindajes legales, diversificación institucional y esfuerzos silenciosos por reducir la exposición a Estados Unidos. No hace falta coordinación; una vez iniciado el proceso —que, de hecho, ya comenzó—, los movimientos individuales se refuerzan entre sí.
Esto no implica que el orden actual esté al borde del colapso. El cambio sistémico requiere alternativas creíbles, y estas siguen siendo limitadas. Las potencias rivales pueden obstaculizar iniciativas estadounidenses, pero no han reemplazado las bases institucionales de la cooperación global.
La cuestión más compleja es si puede sostenerse el equilibrio entre la aplicación coercitiva del poder estadounidense y la provisión de bienes públicos globales. El liderazgo se vuelve más costoso cuando las herramientas coercitivas se usan más que las cooperativas, o cuando la imposición avanza más rápido que los beneficios compartidos. En ese punto, el cumplimiento deja de ser voluntario y pasa a ser transaccional, y la autoridad comienza a parecer dominación.
Venezuela agudiza una pregunta antigua en lugar de resolverla. El riesgo no es que los Estados se rebelen abiertamente, sino que se adapten en silencio a un Estados Unidos imprevisible. Un orden puede perdurar en esas condiciones, pero a un costo mayor y con retornos decrecientes para la potencia dominante.
Carla Norrlöf es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Toronto.
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