A menos de cuatro meses de su lanzamiento, el libro donde Mariano Macri hace público mucho del mundo privado de su familia, de su padre Franco y de su hermano mayor Mauricio, otra vez es noticia. Y no por una nueva edición con algún capítulo adicional no incluido en 2020, sino por ser centro en una causa judicial.
Según se informó, por orden del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 6, el periodista Santiago O’Donnell debe entregarle a Mariano Macri todas las grabaciones de las entrevistas que él mantuvo con O’Donnell y que dieron forma al libro Hermano. Incluso ese juzgado a cargo de la doctora Susana M. Gastaldi lo intima a hacerlo en el plazo de cinco días hábiles –es decir el martes 9 de febrero–, y en caso de no hacerlo, se le impone una multa diaria hasta tanto entregue lo pedido.
El objetivo de esta medida es “brindar certeza a la preparación de un ulterior juicio por daños y perjuicios” ocasionados a Mariano Macri por la publicación del libro. A O’Donnell nunca se le avisó que en ese juzgado se le había iniciado una demanda a fines de 2020, sino que recién lo supo al recibir esta intimación.
Hermano | Los dichos de Mariano Macri podrían complicar a Mauricio en sus causas judiciales
En vista de todo esto, el periodista hizo una presentación ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque considera que lo pedido por ese juzgado es una “medida claramente inconstitucional, violatoria del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la preservación de la fuente”.
En las grabaciones que O’Donnell mantuvo con Mariano Macri hay fragmentos que el periodista no divulgó así como menciones a terceras personas, circunstancias, opiniones y situaciones que no se incluyeron en el libro por razones varias, algo que es usual en el armado de libros de este tipo. Que todo el material pedido se sume a una causa judicial es peligroso dado que como la historia reciente ha demostrado –en especial en los últimos cuatro años–, la fiabilidad de la Justicia para evitar filtraciones de material sensible a personas y medios de comunicación es más que dudosa.
