Tras algunos meses, continúan las investigaciones sobre las agencias que cobran por el servicio de hacer llegar ciudadanas rusas embarazadas a la Argentina para tener sus hijos en el país.
La jueza federal María Servini ordenó varios allanamientos judiciales en clínicas donde se atendieron a estas pacientes, así como también en hoteles donde se alojaron y en los estudios de abogados donde hicieron los trámites para conseguir la Carta de Ciudadanía.
La investigación de Servini con la intervención del fiscal Federico Delgado comenzó en diciembre a partir de la denuncia de una ciudadana rusa que alertó sobre el funcionamiento de agencias que, además de traer mujeres a parir al país, consiguen la documentación necesaria para obtener el pasaporte argentino.
Ese documento tiene un valor importante porque les permite a los rusos el ingreso a muchos países sin visado. Así es que se logró desbaratar a varias bandas. Entre ellas, a la agencia Kuklina, que ofrecía tres tipos de servicios con precios de 3.500, 7.500 y 15.000 dólares.
Otras brindaban el servicio completo por 30.000 dólares y hasta se hallaron convenios de honorarios entre rusos y abogados por cifras que van de los 3000 a los 5000 dólares.
Mientras son unos 1.200 los casos en estudio e investigación, en la causa no hay personal de Migraciones bajo la lupa. Incluso, la Dirección Nacional de Migraciones pidió ser querellante en la causa, algo que la jueza Servini rechazó.
El Gobierno reportó a la Justicia una organización mafiosa
La directora de Migraciones, Florencia Carignano, reveló en su cuenta de Twitter el curso de una investigación, que entre otras cosas constó en entrevistar a 350 embarazadas rusas que llegaron al país.
"En las entrevistas descubrimos que esta organización les ofrece a cambio de una suma importante, un paquete de turismo de parto con el pasaporte argentino como principal motivo del viaje. Ya aportamos los datos a la justicia federal para seguir cuidando nuestro pasaporte"
