La Cámara de diputados se presta a tratar en sesiones extraordinarias la Reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal que ya cuenta con media sanción del Senado. Entre otros cambios, el proyecto modifica el modo de designación de la cabeza del Ministerio Público así como su duración en el cargo.
La designación deja de exigir una mayoría agravada de dos tercios del Senado para conformarse con una mayoría absoluta. En cuanto a la duración del mandato, pasa de ser vitalicia a sólo cinco años. Los cambios propuestos son de enorme gravedad, afectan a la arquitectura de nuestro país y tendrán graves consecuencias en el combate al delito.
Un nombramiento realizado por dos tercios del Senado garantiza la independencia de la justicia al tiempo que obliga a elegir una persona con amplio consenso y que cumpla con las exigencias de idoneidad técnica y moral e independencia política.
Los requisitos de mayorías agravadas tienen el propósito de obligar a los actores políticos a buscar consensos para decisiones trascendentes como esta. Aunque parece razonable que quien encabeza la procuración no sea designado de por vida, la duración en el cargo de solo cinco años como propone el proyecto impedirá elaborar y ejecutar un plan estratégico para la lucha contra el delito complejo que pueda desarrollarse de modo eficaz.
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El combate de este tipo de delitos exige una continuidad en la estrategia y los planes del organismo, en los equipos de conducción y en sus capacidades operativas. No hacerlo así, impedirá combatir eficazmente el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de personas y la gran corrupción así como prevenir la acción del terrorismo internacional.
El argumento con el cual se pretende justificar la modificación de la ley, según el cual, como no es posible encontrar el consenso de las dos tercera partes del Senado, es necesario rebajar la exigencia resulta un grave incentivo para la anomia.
Si los legisladores cambian las leyes cunado no pueden cumplirlas, ¿por qué la ciudadanía debería someterse a ellas? Modificar las leyes de difícil cumplimiento y renunciar a la búsqueda de consensos en cuestiones trascendentes contribuye a degradar aún más la legitimidad de la política y de la democracia misma.
El Congreso corre el riego de sancionar una ley que afecta la arquitectura institucional del país, que atenta contra la efectividad de la justicia facilitando el acción del crimen organizado e incrementa la desconfianza y el escepticismo de la ciudadanía respecto de la dirigencia política y del sistema democrático mismo. Es necesario evitar el terrible costo de esa decisión. La Cámara de diputados tiene que rechazar la modificación de la ley.
