El gobierno peruano de Dina Boluarte emitió un decreto que clasifica al transexualismo, el transvestismo de rol dual y los trastornos de la identidad de género como enfermedades mentales.
Se incluyen estas categorías en el Plan Esencial de Salud. Las personas afectadas podrían recibir atención médica en centros sanitarios públicos y privados.
La medida provocó rechazo de opositores y organizaciones civiles.
La diputada Susel Paredes, de la alianza opositora de centro izquierda Juntos por el Perú, pidió la derogación del decreto y enfatizó que "refuerza el estigma y la discriminación hacia las personas trans".
Además, resaltó la necesidad de implementar políticas de salud mental acordes a los estándares internacionales para garantizar el derecho a la salud, igualdad e identidad.
Organizaciones de la sociedad civil, como Más Igualdad Perú, y un grupo de profesionales de la salud mental, respaldados por organizaciones de derechos humanos, solicitaron al Ministerio de Salud la revocación del decreto.
