Alejandra Bada Vázquez, titular de la pyme Lácteos Vidal, cuestionó duramente la resolución del juez Ignacio Ramonet que ordenó un embargo preventivo por 167 millones de pesos contra su empresa. La medida judicial responde a multas impuestas por no reincorporar empleados despedidos tras un bloqueo sindical de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA), liderada por Héctor Ponce.
En declaraciones realizadas a Infobae, Bada Vázquez aseguró que "este fallo responde a un ensañamiento que tiene el sindicato contra Lácteos Vidal porque no nos han podido doblegar". Además, denunció que el embargo resulta funcional a lo que denominó como la "mafia sindical" y que perjudica severamente la continuidad operativa de la compañía.
Consecuencias económicas y reclamo judicial
Bada Vázquez explicó que el embargo impide a la pyme hacer frente a compromisos esenciales como pagos a proveedores, impuestos, sueldos y aguinaldos. "Este momento me genera un perjuicio severo e irreversible, necesitamos tener habilitada la cuenta corriente", remarcó la empresaria. Además, confirmó que presentarán una impugnación contra el fallo, aunque advirtió que el juez podría ejecutar la orden en cualquier momento.
La empresaria calificó la resolución de "arbitraria" y destacó que el cálculo del embargo fue incorrecto. Según explicó, la multa diaria original era de $10.000 por día y no los $50.000 reclamados por ATILRA y validados por Ramonet. "El embargo debería ser de $40 millones, no de 167 millones", puntualizó.
El conflicto con ATILRA y antecedentes del caso
El conflicto tiene su origen en un bloqueo sindical ocurrido en 2022 en la planta ubicada en la localidad bonaerense de Moctezuma, partido de Carlos Casares. El sindicato realizó una protesta para exigir la recategorización de empleados, situación que llevó a la empresa a despedir a 26 trabajadores y a solicitar el desafuero de tres delegados gremiales.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso en noviembre pasado la reincorporación de 8 empleados y estableció multas diarias (astreintes) por incumplimiento. El embargo actual se relaciona directamente con esas multas impuestas por el juez Ramonet.
Audiencia frustrada y reclamos cruzados
Este jueves, en una audiencia judicial, el juez Ramonet estuvo ausente y designó en su reemplazo a la secretaria del juzgado. Según Bada Vázquez, los trabajadores tampoco asistieron, y solo estuvo presente el abogado de ATILRA, quien rechazó la propuesta de indemnización de la empresa.
La empresaria denunció que "todo responde a un ensañamiento del sindicato contra Lácteos Vidal porque no nos han podido doblegar" y afirmó que la medida judicial fomenta la desinversión y es un mal ejemplo para el desarrollo económico del país. También cuestionó al juez por haber sugerido inicialmente un acuerdo indemnizatorio del 50% y luego decretar un embargo que elimina toda posibilidad de negociación.
Por último, fuentes cercanas a ATILRA advirtieron que este embargo es solo el primero y aseguraron que preparan otros pedidos judiciales por cifras aún mayores, lo que anticipa una continuidad del conflicto.
