La Legislatura porteña trataba este jueves al mediodía el proyecto de Ley enviado por el Gobierno porteño que tiene por objetivo regular la actividad de repartidores, mensajeros y aplicaciones de delivery.
La iniciativa fue presentada por la legisladora Cristina García de Aurteneche (Vamos Juntos), y entre algunos de sus consideraciones prohíbe el sistema de incentivo y castigo a los trabajadores e incorpora un sitio de quejas para los clientes. Como ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Tránsito y Transporte y de Justicia y de Asuntos Constitucionales, se estima que será aprobado sin inconvenientes, ya que será suficiente contar con una mayoría simple de votos positivos de la mitad más uno de los presentes. Desde el despacho de García de Aurteneche señalaron que el objetivo del proyecto es "mejorar la seguridad vial de los repartidores y sus medidas de protección" y establecer "reglas claras de circulación".
La iniciativa del oficialismo porteño propone la creación de un registro de las operadoras digitales y los repartidores y mensajeros, e incorpora requisitos como estar inscriptos en la AFIP y la AGIP. Por otro lado, exige a los repartidores contar con una habilitación y hacer cursos de capacitación relacionados con seguridad vial.
Desde la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, indicaron a Perfil que “este proyecto busca mejorar la seguridad vial dentro de la Ciudad y las medidas de protección para los repartidores que van en moto o en bici. Las aplicaciones y empresas estarán obligadas a proveer a los repartidores de elementos de trabajo, como casco e indumentaria reflectiva, y seguros de responsabilidad civil y accidentes personales o ART, según corresponda”. Según el organismo porteño, “los repartidores no tienen cobertura en caso de siniestros viales. Con esta ley todos los repartidores estarán cubiertos y también las personas que puedan verse involucradas en un siniestro vial con un repartidor”.
De todas maneras, el proyecto del oficialismo fue rechazado de plano por los trabajadores de las aplicaciones. Consideran que “precarizará aún más el trabajo de los repartidores reduciendo los pocos derechos que se consiguieron legitimando la precarización laboral”, y que “solo beneficiará a las plataformas”.
Entre los puntos más discutidos por los trabajadores de las aplicaciones se destaca el que obliga a todos ellos a constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y contar con un seguro laboral, entre otros puntos.
Fuera del palacio legislativo, en tanto, se registraron algunos incidentes entre los trabajadores de la apps y la Policía porteña. Esta situación obligó a que la sede legislativa sea vallada y se reforzara la presencia de agentes de seguridad. El despliegue policial bloqueaba el paso por las intersecciones de Perú e Hipólito Irigoyen y Julio Argentino Roca y Bolívar; mientras que los trabajadores se concentraban desde las 10 en los alrededores del Palacio Legislativo, donde hacían oír las bocinas de las motocicletas.
Desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP) cuestionaron el proyecto al definirlo como "discriminatorio" hacia los repartidores. A través de un comunicado dado a conocer, la APP argumentó que la iniciativa crea "la figura del repartidor habilitado" y "dispone más de 15 sanciones en los códigos de transporte, de faltas y contravencional especialmente pensadas para perseguir a los repartidores que no cuenten con la habilitación".
“El Gobierno porteño va en contra de los pocos derechos que ganamos con el convenio colectivo de trabajo que nos regula la actividad. Es una ley que solo favorece a las empresas ya que legaliza la precarización laboral”, señaló Marcos Ferreyra, delegado gremial de la Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros Y Servicios (A.Si.M.M) en la plataforma digital Pedidos YA. “Con esta ley las empresas van a atener vía libre para ir contra los trabajadores, ya que perderemos los pocos derechos que adquirimos”, concluyó.
MC
