En los últimos días se destapó una guerra de acusaciones entre empresas tabacaleras y pequeños productores a raíz de un impuesto interno que se modificó en la reforma tributaria de 2017. Se podría resumir de la siguiente forma: una empresa mediana del sector (Sarandí) acusó a una multinacional (Massalin) de haber hecho lobby para conseguir ser beneficiada por una reforma impositiva. A su vez, la industria tabacalera cree que Sarandí se opone a esa ley porque le da trazabilidad a la comercialización y la obliga a que exponer cuánto vende en realidad. Por último aparece un tercer jugador: productores independientes que se oponen a una medida cautelar que benefició la mencionada Sarandí.
La trama
Días atrás se supo que la la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones denunció ante la Corte Suprema de Justicia la "gravedad institucional" generada por la eximición a Tabacalera Sarandí de pagar el impuesto mínimo fijado por la ley 27.430 por la comercialización de atados de cigarrillos. Este beneficio impositivo fue obtenido a raíz de una medida cautelar. Los pequeños productores de la provincia del NEA argumentan que, a partir de esta eximición, se desfinancia el Fondo Especial del Tabaco, que es un mecanismo a partir del cual lo que se recauda vuelve a las provincias y a los tabacaleros en dinero y obras.
Sin embargo, en las últimas horas circuló una acusación que presentó Sarandí contra el gigante del sector: Massalín. Un comunicado emitido desde Tabacalera Sarandí señala: "La empresa acusó al gigante mundial Philip Morris - Massalin Particulares, por las maniobras que realizó junto a funcionarios de la administración del expresidente Mauricio Macri, para aprobar la reforma impositiva al tabaco que reduce alícuotas para grandes corporaciones, e introduce un impuesto mínimo perjudicando a las pequeñas y medianas empresas. En una querella presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 por la causa N° 5076/2019, la compañía asegura que, Massalin Particulares - que tiene más del 70% del total del mercado-, y funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ministerio de Hacienda, y Secretaría de Salud, utilizaron reportes e información desactualizada y falsa para impulsar este sistema impositivo, incluido en la reforma tributaria de la Ley 27.430".
Las tabacaleras "baratas" que eluden millones en impuestos
El documento explica: "El aumento de impuestos establecidos por la ley no sólo no es un aumento de carácter general, sino que afectó exclusivamente y en forma desproporcionada a los cigarrillos de menores precios y a las marcas más caras les redujo su tributación al reducir la tasa general del 75% al 70%. Los cigarrillos reconocidos como ultra baratos a partir del 1 de marzo de 2018 quedarían en precios similares a las primeras marcas de las grandes empresas e inclusive superarían los precios de sus segundas marcas. De está manera, los condenarían a su desaparición, afectando su supervivencia contrayendo centenares de perdidas de empleo, así como reducción en la recaudación tributaria".
Más allá de esta queja formal realizada por el modo en que quedaron las alícuotas luego de sancionada la ley, lo cierto es que Tabacalera Sarandí tampoco viene pagando el impuesto, debido a la mencionada medida cautelar. Asimismo, fuentes de la industria tabacalera consultadas por PERFIL acusaron a esta empresa de "oponerse a un sistema de trazabilidad que monitorea la comercialización de cigarrillos".
Estos mismos voceros, aseguraron: "Tabacalera Sarandí tiene sucesivas medidas cautelares que la eximen de pagar el llamado impuesto mínimo a los cigarrillos. Esas cautelares se vienen renovando desde 2016, antes de la reforma tributaria que critican. El impuesto mínimo a los cigarrillos es un componente fijo que se actualiza por inflación cuatro veces por año y hoy alcanza los 56,98 pesos por atado de 20 cigarrillos".
"No pagar el impuesto mínimo al cigarrillo le permite a Sarandí vender a precios mucho más bajos que la competencia. Por las medidas cautelares que lo eximen de ese tributo pueden vender un atado a $60 o $65, cuando una marca de primera línea paga más de $100", añadieron.
El impuesto mínimo al cigarrillo forma parte de los impuestos internos que se aplican sobre determinados productos en los que se quiere restringir el consumo por razones de salud y recaudar para las arcas públicas. Los ex funcionarios Peña y Dujovne fueron consultados para conocer su opinión sobre este tema, pero PERFIL aún no obtuvo una respuesta.
JPA/MC
