SOCIEDAD
en tucuman, alcanza el 30%

El NOA concentra la mayor tasa de embarazos adolescentes del país

Esta semana, el caso de la nena violada a la que se le practicó una cesárea generó un rechazo que se transformó en una campaña en redes.

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Dalma Maradona y Lali Espósito. Por el caso de la nena violada en Tucumán, varias de las integrantes de la colectiva Actrices Argentinas compartieron en las redes sociales sus fotos a los 11 años, con el hashtag #NiñasNoMadres. | cedoc

Tras la cesárea a Lucía, la nena de 11 años embarazada en Tucumán tras sufrir una violación, que había pedido un aborto legal y se lo negaron; el rechazo social se transformó en campaña. Y las redes sociales se llenaron de imágenes y fotos de usuarias a los 11 años, jugando, en familia, con amigas, en la escuela; con el hashtag #NiñasNoMadres. Varias integrantes de la colectiva Actrices Argentinas también compartieron sus fotos.

“A los 11 años una nena no puede ir al cine sola. No puede comprar un auto, tampoco puede manejar. No puede tener una tarjeta de crédito, ni contratar una obra social (...) Sin embargo, esta semana, como tantas otras, escuchamos voces sosteniendo que a los 11 una nena debe ser madre. Y que tiene que someterse a una cesárea que no quiere, que nunca quiso”, escribió en Twitter Yael Bendel, asesora general tutelar porteña.

El caso de Lucía –cuyo nombre real no es ese para preservar su identidad– se conoce a poco más de un mes del de otra nena, de 12 años, que también fue sometida a una cesárea en Jujuy, pese a que había solicitado una interrupción legal del embarazo (ILE).  En ambos casos se encontraban amparadas por la ley, ya que la violación está contemplada como causal de aborto no punible en el Código Penal desde 1921. Y ratificado por el fallo FAL de la Corte Suprema de 2012. Las dilaciones de los sistemas de salud provinciales para dar respuesta hicieron que las menores no accedieran a ese derecho.

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Tucumán y Jujuy son dos de las provincias con peores tasas de embarazo adolescente en el país, según estadísticas del plan ENIA, el programa interministerial del gobierno nacional que busca dar respuesta a la problemática del embarazo adolescente. Cada año, unas 3 mil niñas menores de 15 años se convierten en madres, y en la mayoría de los casos se trata de situaciones de abuso sexual y violación.

En Tucumán, el embarazo adolescente en menores de 19 años –tanto aquellos intencionales como aquellos no intencionales– alcanza el 30% de los totales; mientras que el 20% de los nacimientos corresponden a madres menores de 19 años. Es, además, la única provincia del país que no adhirió a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, sancionada en 2008.

El año pasado también perdió estado parlamentario un proyecto que sumaba a la provincia a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673), de 2002.

Ante las críticas y la polémica del caso, el gobernador Juan Manzur sostuvo que en el caso de Lucía, “se hizo lo que la familia solicitó”, y que la cesárea se realizó por una resolución judicial, pese a que el fallo FAL desestima la judicialización de estos casos. En tanto, la ministra de salud, Rossana Chahla, sostuvo que fue una fiscal quien ordenó que no se interrumpiera el embarazo previamente.

La mamá de Lucía había radicado la denuncia por el abuso a su hija el 5 de febrero; cuando solicitó le practicaran una ILE. En ese momento, estaba de 16 semanas. La nena fue trasladada al hospital Eva Perón, donde las dilaciones hicieron que llegara a la semana 23. El acusado por la violación es una pareja de la abuela de la menor, que fue detenido, pero cuya identidad no trascendió, mientras se aguardaban los resultados de los estudios de ADN para avanzar en la causa. Mientras tanto, ya se elevó el pedido de prisión preventiva para el hombre.

En ese contexto, desde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, manifestaron que lo expresado por el sistema de salud provincial –que emitió un comunicado donde sostenía que darían cumplimiento a la interrupción legal del embarazo de la menor “en procura de salvar las dos vidas”– no reflejaba lo que la jueza que intervino había resuelto: dar curso al aborto legal solicitado, desestimando la judicialización del caso.

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“Es una realidad y tenemos que hacernos cargo”

José Gijena es el médico que hizo la cesárea a la nena violada y embarazada en Tucumán. Su mujer, también médica, lo asistió, ya que al llegar al hospital se encontraron con que todos los profesionales se declararon objetores de conciencia. Tras la intervención, que se hizo por el estado avanzado del embarazo de la menor, desde el Ministerio de Salud no se volvieron a comunicar con ellos. “Cuando me llamaron, no dudé  ni un segundo en ir, porque no podía permitir en mi cabeza no dar fin al sufrimiento de esta chiquita. Fue todo muy vertiginoso estos días”, dice a PERFIL.

También le recordó a un caso que le tocó vivir como residente, del parto de una nena de 10 años violada por su abuelo, que llegó a la guardia embarazada de 35 semanas. “Fue imposible no recordar esa situación que viví cuando me enteré. En mi carrera opté por comprometerme, ver morir a mujeres por abortos clandestinos es duro”.

Tanto él como su mujer trabajan en el sector privado. Durante el debate por la despenalización del aborto ya habían marcado su postura a favor de la legalización. Por eso, creen, desde el ministerio los llamaron. “Hasta ese momento solo sabía los trascendidos, la nena estaba bajo un hermetismo absoluto, supuestamente para resguardar su identidad, cosa que después el arzobispo no hizo. Con esto logran que una persona lo piense cinco veces por miedo a que sea vulnerada su identidad, retrocediendo cien años en la legislación”.

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Gijena y su mujer son católicos. Sus hijos asisten a un colegio católico, donde sufrieron hostigamientos por expresar su opinión. “Mi religión no me puede hacer dejar librada a su suerte a una nena de 11 años, me parece muy injusto. Tucumán es la única provincia que no adhirió a la ESI, y los índices de abuso infantil y embarazo adolescente van en crecimiento. Es una realidad y tenemos que hacernos cargo”, agrega.