Con el voto unánime de los 24 diputados que componen la Cámara de Diputados de Santa Cruz, pertenecientes a distintas extracciones políticas, la Legislatura provincial aprobó el proyecto por el cual se rechaza la posible instalación de Uber (u otros sistemas alternativos de transporte urbano de pasajeros) en todo el territorio santacruceño.
La iniciativa fue aprobada en la última sesión legislativa del año y "va en contra del interés de los ciudadanos", según la empresa. La norma fue impulsada por taxistas, remiseros y transportistas escolares, quienes se movilizaron hasta el edificio de la Legislatura para expresar su apoyo al tratamiento del proyecto, propiciado por los diputados Víctor Hugo Alvarez (FVS-PJ) y Pedro Valenzuela (UPVM-UCR).
La movilización congregó a una importante cantidad de trabajadores del volante, que con un estruendoso bocinazo dejaron en claro su respaldo y acompañamiento al proyecto parlamentario. La complicada situación económica que generó una caída de entre el 45 al 50% del trabajo en el último año, los altos costos de mantenimiento de las unidades de servicio y la proliferación de particulares ofreciendo servicio de transporte de manera ilegal (a través de grupos que usan plataformas como Facebook Messenger ó Whatsapp), llevaron a los concesionados a propiciar un proyecto que ampare su fuente de trabajo, frente a la aparición de otras empresas que han ido ganando terreno en otros territorios provinciales.
Según expresa el proyecto, "se rechaza por unanimidad la implementación en Santa Cruz del transporte de pasajeros no concesionado por el Estado Provincial y que sea publicitado por cualquier medio sean programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas”, a partir de la modificación de la Ley Provincial Nº 2.417, que adhiere a la Ley de Tránsito Nacional 24.449, sistema conocido como Uber.
"Esto será hasta tanto se elabore la legislación necesaria que asegure la competencia en igualdad de condiciones con otros servicios habilitados en la provincia” agrega el texto resolutivo.
La Justicia porteña falló a favor de la legalidad de Uber
Durante la defensa y argumentación del proyecto de Ley, el diputado Alvarez destacó que se trata de “defender los puestos de trabajo" de los trabajadores del volante, “que invierten, que pagan impuestos y dentro de las exigencias legales de las autoridades que concesionan el servicio, es decir, cada uno de los Municipios de la provincia”, al tiempo que consideró que se hace necesaria la sanción de esta restricción “en tiempos del desarrollo de nuevas tecnologías, que la mayoría de las veces, permite el trabajo cuasi informal, sin cumplir con las exigencias legales, ni los requerimientos que sí se les piden a otros prestadores para poder trabajar”.
Los legisladores entendieron que para prohibir esta operatoria, "basta con mencionar que este tipo servicio, que se está prestando en forma irregular en otras zonas del país, no cuenta con seguro que cubra los riesgos de las personas transportadas, por lo cual ni los permisionarios, ni los conductores y ni las empresas de transporte por plataformas electrónicas son responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio a los usuarios o terceros, ni tampoco tributan impuestos y/o tazas provinciales y/o municipales”.
Sólo en la ciudad de Rio Gallegos, las licencias de taxis otorgadas ascienden a 280, agregando las remiserías y servicios de transporte de escolares y otros servicios diferenciales habilitados, lo que suma más de 800 fuentes de trabajo genuino "que se verían afectadas en caso de permitirse la prestación de este servicio sin adecuar la legislación vigente y estableciendo las condiciones necesarias para poder prestarlo” expresan los argumentos.
Tras sancionarse la nueva norma, Juan Ojeda delegado de la Federación de Conductores de Taxis de la República Argentina dijo a PERFIL que “es un logro que pone fin a muchos que especulaban con la posibilidad de poder trabajar prestando servicio, por fuera de la ley".
Uber ya capacita a los conductores registrados en Córdoba
"Nuestro sector está muy golpeado por la caída del trabajo y veíamos con preocupación la aparición de particulares prestando el servicio de transporte urbano sin cumplir con ninguna exigencia que sí se nos pide a nosotros para poder trabajar. Salimos a defender nuestra fuente de ingresos y no es un dato menor que somos casi mil familias en total que dependen de nuestro trabajo diario. Los diputados lo entendieron y con madurez política, acompañaron nuestro pedido" acotó.
Desde Uber, afirmaron que la medida "busca prohibir el avance de la tecnología y va en contra del interés de los ciudadanos, limitando su posibilidad de elegir". "En Uber creemos que un diálogo abierto puede contribuir a acercar posiciones, informar y promover la participación. La decisión de la Cámara de Diputados va en sentido contrario", comentaron desde la empresa.
A fines de julio de este año, la Legislatura de la provincia de Mendoza aprobó la nueva Ley de Movilidad, permitiendo el ingreso de plataformas digitales al servicio de transporte de pasajeros. De esta manera, Mendoza se convirtió en la primera provincia de la Argentina en autorizar el funcionamiento de Uber. Córdoba, Neuquén y Posadas han empezado a analizar la posibilidad de habilitar el funcionamiento de dicha plataforma en sus territorios. Y, en Rosario, concejales ya habilitaron al menos analizar la viabilidad. Por el contrario, han sido muy pocos los distritos que - como en Santa Cruz- fijaron una fuerte posición contraria, acompañada de la decisión política de sus autoridades.
