La Iglesia enarbola el debate por la inclusión social

La Iglesia lanzó hoy una propuesta de inclusión social, que presentó a sindicalistas, empresarios, otros credos y organizaciones no gubernamentales, y que contempla la elaboración de proyectos de ley en torno a 10 temas prioritarios que apuntan a superar la "deuda social" que tanto preocupa a los obispos.

La iniciativa partió de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, que preside el laico Eduardo Serantes, y es asesorada por el titular de Pastoral Social y obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto.

"De habitantes a ciudadanos. Construir un país que incluya a todos: un desafío para la Argentina del Bicentenario 2010-2016", es el título del proyecto que ya fue entregado esta mañana a las cúpulas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos.

Tras recibir la propuesta en la sede del Episcopado, el líder de la CGT, Hugo Moyano, dijo a Télam: "Tenemos una coincidencia absoluta con la Iglesia en ponernos a trabajar en estos temas y poder lograr una distribución equitativa de la riqueza".

El texto será presentado a las autoridades de la Coordinadora de Actividades Mercantiles (CAME), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y representantes de los credos y las ONGs.

"Estamos convencidos que de cara a sus bicentenarios, Argentina debe plantearse una meta ética y política exigente: tener un país sin excluídos. No solo con indigencia cero y trabajo abundante, sino una sociedad donde la riqueza y los demás bienes culturales y sociales se distribuyan entre todos con equidad", dice la presentación de la propuesta.

Para la comisión episcopal, "la exclusión social de gran parte de los ciudadanos de nuestro país reclama una respuesta consensuada, no impuesta, que sea fruto del diálogo, reflexionada, no improvisada, que atienda a múltiples puntos de vista y cuide tanto las necesidades de corto plazo como las de largo plazo, que sea un proyecto acordado de país".

"Incluir es hacer efectivos los derechos humanos para todos. Lograr ese objetivo requiere de acuerdos en políticas de Estado de largo aliento. Construir esos consensos desde un espíritu de diálogo y reconciliación sólo es posible desde la verdad y la justicia", agrega el texto.

El proyecto enumera 10 temas prioritarios: educación, salud, justicia y seguridad ciudadana, política social, reforma política y del estado; medio ambiente; organización económica, integración regional y mundial: trabajo y empleo decente; tierra, infraestructura y hábitat; y libertad y responsabilidad ciudadana.

En muchas de estas temáticas, la Comisión de Justicia y Paz hace severos diagnósticos sobre la realidad actual y propone una batería de iniciativas para superarlos.

En materia de salud, por ejemplo, alerta que la "situación sanitaria nacional muestra evidentes fallas y signos de manifiesta inequidad" y advierten que "la extrema gravedad" del sector "está llevando a un virtual colapso del sistema".

En el punto referido a la justicia, se señala que los temas de seguridad ciudadana aún son una "materia pendiente de las políticas públicas" y que "la sola aplicación o exacerbación penal no logra brindar una respuesta al fenómeno".

En el tema educativo, se remarca la necesidad "indispensable" de reglamentar la Ley de Financiamiento Educativo que "contemple pautas claras de asignación presupuestaria que respondan a los criterios de equidad y justicia distributiva".

Entre las propuestas de política social, se sugiere "vincular las estrategias de intervención social con lo económico y el ámbito de la producción" y considera que "uno de los problemas más graves de los últimos años es la desigualdad de ingresos y oportunidades entre los sectores más ricos y más pobres".

Con respecto al trabajo, proponen "la dignificación de las condiciones de trabajo y de su estabilidad, de manera de poder considerarlo trabajo decente, erradicando todo tipo de precarización laboral".

Fuentes de la comisión precisaron que la iniciativa "es totalmente apartidaria" y no quiere quedar en medio de la contienda electoral de este año, que desemboca en las elecciones nacionales del 28 de octubre.

Por ello, la idea es generar a mediano y largo plazo "consensos que sólo podrán transformarse luego en políticas públicas una vez procesados por los poderes ejecutivo y legislativo nacional, provincial, municipal y que podrán profundizarse sólo si si la sociedad toda los asume desde un compromiso cívico activo y dinámico".

Fuente: Télam