Esta semana llegó a San Isidro uno de los desprendimientos de la megacausa que investiga a una presunta organización narco que funcionaba en Nordelta y que era liderada por el colombiano Antonio Yepes Gaviria. Esta nueva línea se concentrará en la pata financiera de la banda, representada en la causa por el arquitecto Walter Mosca, que será investigado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez.
A fines del año pasado, el juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina decidió dividir la causa en tres partes debido al gran caudal de información que los investigadores pudieron obtener en la etapa de instrucción.
En primer lugar, se quedó con aquellas personas que aparecían ligadas a la actividad del narcotráfico, entre ellas, los colombianos Yepes; su mujer, Natalia Celis, y la familia Grajales, procesados con prisión preventiva.
Por otro lado, el juez ordenó investigar el borrador de un mail que fue hallado en la computadora de otro procesado, el pastor David Acevedo Muñoz. El mensaje, que estaba dirigido a un superior eclesiástico, describía una serie de situaciones que involucraban a Mosca, a Yepes, a “un prestigioso fiscal” y al “alcalde de Tigre”. Remitió esa parte del expediente al Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Carlos Ferreiro Pella, debido a que “puede vislumbrarse la posibilidad de la existencia de la presente investigación, desde sus inicios, era conocida por terceras personas que intentaron ventilar la misma con claras intenciones de impedir el éxito de las actuaciones”.
Si bien PERFIL pudo entrevistar a Yepes y a su mujer –quienes aseguran no tener nada que ver con el narcotráfico–, Acevedo y Mosca no aceptaron hablar con este diario, pese a reiterados intentos.
Por último, Santa Marina derivó a San Isidro la investigación vinculada a la financiación de la presunta banda narco, a través del lavado de activos.
La Unidad Información Financiera (UIF), parte querellante en el expediente, sospecha que la financiación de obras llevadas a cabo por Mosca, a través de su constructora Oda Desarrollos SA, “podría estar relacionada con activos provenientes del narcotráfico”. La firma de Mosca, entre otros emprendimientos, fue la encargada de la construcción del Hotel Intercontinental de Nordelta.
La UIF, dirigida por José Sbatella, concluyó que “resulta insoslayable que las operaciones se efectuarían con la intención de introducir fondos en la económica formal, bajo la apariencia de actividad comercial de estructuras como el Fideicomiso Estudios de Bahía Grande y las sociedades Oda Desarrollos y Complejos de la Bahía (sociedades vinculadas a Mosca), las que serían utilizadas como fachadas para camuflar el movimiento de fondos marginales, la adquisición de activos y la financiación de actividades criminales”, por lo que sugirió “llevar a cabo una exhaustiva investigación de dichas estructuras societarias y de todos los sujetos intervinientes en los contratos de fideicomiso”.
La UIF considera que ODA Desarrollos “resultaría ser una típica sociedad pantalla utilizada para lavar dinero proveniente del narcotráfico, mediante la utilización de autodepósitos (efectuados por los mismos miembros de la sociedad y sin justificación alguna) así como también recibiendo ingresos provenientes de terceros involucrados en actividades delictivas”.
El informe, confeccionado por la UIF y la Gerencia de Análisis de Operaciones Especiales del Banco Central de la República Argentina, “originó la sospecha de la existencia de varias estructuras societarias dedicadas a operaciones inmobiliarias en el barrio Nordelta, las que estarían siendo utilizadas para lavar dinero proveniente del narcotráfico”, indicó Santa Marina.
Fuentes judiciales indicaron que los socios de Mosca también serán investigados. Se trata de Diego Colombini y Juan Carlos Di Filippo, y otras personas vinculadas a la participación “de un gran emprendimiento millonario con diversos fideicomisos constituidos contemporáneamente y que tienen una misma fiduciaria y con un objetivo específico que es el desarrollo de emprendimientos en Nordelta”.
Con el fin de “preservar los medios probatorios y evitar que se torne ilusiorio el recupero de activos, en perjuicio de su eventual decomiso”, Santa Marina congeló todos los movimientos financieros de Mosca, sus socios y sus empresas, por lo que los fideicomisos quedaron detenidos hasta que “el magistrado que continúe con la investigación (Arroyo Salgado) decida su procedencia”.
La denuncia de Elisa Carrió
“Walter me dijo que lo había llamado el alcalde de Tigre para decirle que hay un expediente judicial y una orden de allanamiento a todo lo concerniente con el Hermano Antonio, por narcotráfico y lavado de dinero. Por tal motivo, envió a un fiscal muy prestigioso de este país a investigar”. Si bien el juez Santa Marina remitió testimonios relacionados con el archivo de Word hallado en la computadora del pastor al juzgado de Carlos Pella, Elisa Carrió se adelantó y denunció en San Isidro: “Según se desprende de distintas fuentes, Sergio Massa habría alertado a personas que estaban siendo investigadas por los delitos de narcotráfico y lavado y habría enviado a un fiscal a investigar, el fiscal indicado podría ser Julio Novo”. El 21 de abril, Carrió debía ratificar la denuncia ante Arroyo Salgado, pero la jueza suspendió la cita.
