La Justicia Civil y Comercial platense suspendió los aumentos en los peajes de la de las rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico (que incluye la Autovía 2) y de la Autopista La Plata-Buenos Aires, de un 70% y 33% respectivamente. Éstas son administradas por la empresa estatal AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.).
La suspensión fue ordenada por el Juzgado Civil y Comercial 25 de La Plata, a cargo del juez Carlos Catoggio, tras hacer lugar a un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El fallo dispuso que se retrotraiga la tarifa al monto anterior al 15 de febrero, fecha en que comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario.
“Lo que marcó el fallo, más allá del cuestionamiento que hacemos en la presentación de la desproporción del aumento, es la falta de un paso formal y necesario que se requiere en el caso de los servicios públicos como el gas, la luz, etc. que es la consulta con los ciudadanos o con los usuarios a través de audiencias públicas u otro tipo de mecanismos de participación. Ese mecanismo se evitó en este caso”, señaló Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Y agregó: “Lo ideal sería que el gobierno provincial no apele el fallo, que lo acepte, porque le está marcando algo que ellos incumplieron, y sería bueno que discutamos en el ámbito que corresponde. Ellos quisieron imponer un nuevo marco tarifario sin respetar la opinión de los usuarios. La realidad de los hechos pasados, con la luz y el gas, nos dieron la razón”.
Asimismo, sostuvo: “Tienen la posibilidad de apelarlo y nosotros tenemos la posibilidad de discutirlo hasta la Corte. Esperemos que no, porque no queremos entorpecer una gestión, sino que buscamos que se respeten los derechos de los usuarios. Y una vez que logremos esta audiencia discutiremos que, a nuestro entender, este aumento es desproporcionado y fuera de las posibilidades del bolsillo de la mayoría de los bonaerenses”.
Por su parte, Walter Martello, Defensor Adjunto General de la Defensoría del Pueblo bonaerense, remarcó: “Esperamos que el gobierno convoque a una audiencia pública y que allí se puedan exhibir no solamente los cuadros tarifarios, sino también muchas de las dudas que tienen los usuarios respecto de las inversiones y que están haciendo en las autopistas para mejorar la calidad del transporte”.
“Creo que la importancia del fallo también tiene que ver con el reconocimiento de que la Defensoría pueda actuar en forma colectiva. Es un fallo aplicable a todos los usuarios de las autopistas. Es un antecedente importante”, concluyó Martello.
