Abrió los ojos tras dormir algo incómoda en la cama de una plaza y vio que a su costado estaba su bebé de 14 días. Volvió a mirar con más atención y notó con horror que el pequeño cuerpo no se movía, no respiraba. Habría fallecido por muerte súbita, lamentó entonces la madre. Esta desgarradora historia ocurrió en 2012, pero no trascendió. Sucedió en la cárcel, en donde ese bebé nació y murió preso.
La versión del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre ese episodio es que el menor “murió asfixiado” por la propia madre, lo cual fue por ella negado. Lo cierto es que la mujer había presentado con anterioridad el pedido de “prisión domiciliaria”, pero la Justicia no habría reaccionado a tiempo con la solicitud.
“El juzgado se durmió”, aseguró el profesor universitario de Ciencias Políticas y dirigente radical Leandro Santoro, quien refirió la trágica historia a Perfil.com. El docente es parte del programa UBA XXII, destinado a brindar educación en centros de detención penitenciarios.
Santoro explicó a este medio que los cursos que debió impartir en las cárceles argentinas -que en los hechos y en los papeles representan una sede más de la Universidad de Buenos Aires- lo llevaron a dictar clases en la Unidad 31 llamada “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás” del Centro Federal de Detención de Mujeres ubicado en la localidad de Ezeiza. Allí, las mujeres y madres escucharon con atención todo el material que él les imparte, pero a los pocos días él comenzó a escuchar y observar las historias de los bebés, nenes y nenas que pasan los primeros años de sus vidas tras las rejas.
Los problemas en la Unidad 31 son varios según el órgano encargado de inspeccionar las cárceles argentinas: los más graves son el nivel de distribución de la población, la atención sanitaria, la alimentación, la “externación” y la recreación de los menores, entre otros. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) es el organismo que lleva un control exhaustivo de esta situación y lo realiza en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación y de manera independiente del Ejecutivo, con el fin de realizar las auditorías correspondientes. “Los chicos no juegan como un chico normal que vive libre. Los chicos juegan a la requisa”, destacó Santoro, secretario general de la organización Los Irrompibles.
Una madre presa puede tener a sus hijos con ella hasta que los menores cumplen cuatro años. Luego, pierden la patria potestad, la cual recae en un juez quien decide el mejor destino para el chico, puede ser la familia de la madre, una familia sustituta, o un instituto de menores llegado el caso.
“¿Sabe lo que es profesor que cada noche que pasa yo sé que es un día menos que paso con mi bebé?, me dijo hace poco una de las madres. Yo tengo en claro que muchas de mis alumnas están detenidos por delitos terribles, pero qué culpa tienen los chiquitos que no pueden ni salir para jugar. Tienen un espacio de pasto y barro de cuatro metros cuadrados el cual además es usado por las murgas para sus prácticas. Y nada más”, remarcó preocupado el docente de la UBA.
Y continuó: “Existe un jardín materno-infantil, al cual las madres no tienen acceso, que sólo tiene a los chicos hasta las doce del mediodía”. Las referencias son óptimas respecto del jardín, pero según pudo investigar Perfil.com, el establecimiento educativo no contaría aún con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación provincial.
Santoro recordó: “En una ocasión, quise saludar a uno de los nenes y éste estalló en llanto. La madre me dijo: ‘Es que nunca vió a un hombre y por eso se asusta’. Es una situación inimaginable. Cómo va a vivir y desarrollarse ese chiquito en el exterior si vive así durante los primeros cuatro años de su vida que es cuando generan su identidad y su carácter”.
La Unidad 31 se encuentra dividida en dos grandes sectores, A y B, según datos difundidos por la PPN en sus informes que son publicados periódicamente en su web. Hasta mayo de este año, el total de la Unidad estaba destinada en forma exclusiva a la detención de mujeres, pero desde entonces y tras la resolución 557/14 dictada por el director nacional del SPF, Emiliano Blanco, al sector B se trasladaron 98 hombres, todos represores implicados en causas de lesa humanidad. La justificación brindada en su momento fue la saturación poblacional en el penal de Marcos Paz. Un reciente fallo judicial de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata ordenó el retiro inmediato de todos estos condenados, pero la intención del Gobierno sería apelar esta medida por lo que aún no se ha podido aplicar.
La consecuencia directa de esto fue la partida forzosa de varias mujeres quienes debieron ser relocalizadas en el Complejo Penitenciario Federal IV, calificado como de “máxima seguridad”, lo cual alteró el ritmo de vida de las condenadas.
Son varias las organizaciones sociales que realizan intensas campañas de protestas que incluyeron movilizaciones y mensajes en las redes sociales para que se atienda en debida forma a las madres con sus niños y se separe a los represores: colectivo social Red Niñez Encarcelada, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, asociación civil YoNoFui, colectivo Limando Rejas, Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, y el Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos, entre otras. En conjunto sostienen que el “traslado mejoró la situación de los varones condenados por crímenes de lesa humanidad, y en la mayoría de los casos empeoró la condición de las mujeres”.
El restante sector A está compuesto por nueve pabellones, siete de los cuales están destinados a las madres, describe el informe de la PPN. El mayor problema está dado en la compleja convivencia que padecen las madres y los represores. Las reglamentaciones carcelarias impiden el cruce de personas de distinto sexo, y esto se aplica inclusive para la guardia médica. “Duplicaron la población con la misma infraestructura”, denuncia Santoro. “Por ejemplo, no hay pediatra de guardia en la cárcel. Va un pediatra sólo cuatro veces por semana un rato. Los médicos que están, están todo el tiempo abocados a atender a los de lesa humanidad, que por su avanzada edad, pasan gran parte de su tiempo en la enfermería. Hubo casos de chicos que no pudieron ser atendidos por este problema y que llevaban varias horas con diarrea. Esto yo se lo conté a Cristina y ella no lo podía creer, estaba indignada especialmente por la situación de los chiquitos”, explicó el radical quien aclaró que gracias a que fue invitado a formar parte de la última comitiva oficial que viajó a visitar al Papa, y siendo el único opositor, pudo entregarle a la Presidenta cartas de las madres con los reclamos y con un pedido especial: la creación de una plaza con juegos y, porqué no, una granja para que los chicos puedan adaptarse mejor al mundo fuera de los muros y las rejas.
Perfil.com se comunicó con el Servicio Penitenciario Federal con el fin de obtener respuestas ante la problemática denuncia, y desde allí remarcaron que, si bien siempre se pueden mejorar determinados aspectos, la atención a las menores “es prioridad”. El vocero del SPF aseguró que hay siete pediatras y que están disponibles de lunes a lunes. Detalló que no sólo se hacen controles periódicos y se sigue el plan de vacunación oficial sino que además se atiende por demanda. La alimentación es seguida por una nutricionista. En cuanto a los represores, admitieron que los primeros meses fue compleja la organización pero que ahora todo está equilibrado. Afirmaron que “la cárcel no es el lugar ideal para tener un chico”, pero que desde el SPF procuran brindar toda la contención posible.
En la web del SPF se informa que al “Jardín Materno Infantil María de la Concepción Villa” asisten niños desde los 45 días hasta los 4 años. Además, refieren, “el establecimiento cuenta con un cuerpo de profesionales médicos acorde a las necesidades de los niños alojados con sus madres privadas de la libertad. El plantel está compuesto por pediatras, psicólogos infantiles y nutricionistas. Cada pediatra tiene a cargo hasta seis niños, número suficiente para tener un control personalizado”.
Por lo pronto, en el caso de las mujeres de la Unidad 31, hay 31 madres alojadas con sus 34 hijos, cuya calidad de vida se busca mejorar. “¡Celadora, celadora!”, suele ser el grito de los nenes y nenas que piden permiso para pasar de un lugar a otro, e ilustra uno de los temas más sensibles y críticos de las cárceles argentinas.
