Según un informe del Ministerio de Justicia, cada tres horas un detenido intenta escaparse
Hubo cerca de 3 mil casos detectados en los 251 penales de Argentina. El fenómeno pone al descubierto la fragilidad del sistema y las falencias de seguridad que existen en las unidades.
Reptando por un túnel, trepando el alambrado, disfrazado de mujer, con muletas o en un remís. Hasta el método más disparatado que exista puede ser efectivo a la hora de escapar de una prisión argentina, donde la seguridad penitenciaria ha dado muestras de fragilidad, desidia e inoperancia.
La llamativa seguidilla de fugas comenzó con el caso Ezeiza. El 20 de agosto pasado 13 reclusos escaparon por un túnel y desnudaron las increíbles fallas que presentaba el complejo penitenciario más importante del país. Desde entonces hubo escapes cinematográficos en distintas penitenciarías (ver aparte). De hecho, el viernes pasado cinco convictos escaparon por los techos de la cárcel de Bariloche y todavía permanecen prófugos.
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Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena, que depende de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sólo en 2012 hubo 2.979 intentos de fuga. Es decir, ocho casos por día.
El informe –al que tuvo acceso PERFIL– fue realizado en los 251 penales que existen en el país, entre ellos los 35 que están a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y los 54 que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El estudio detalla que hubo 2.875 intentos de fuga y 104 tentativas de evasión. Aunque parezcan sinónimos no significan lo mismo. Fuga es cuando el interno provoca daños para escapar (limar barrotes, hacer un túnel, romper el alambrado) y evasión cuando no se ejerce violencia (saltando el muro o escondido en un mueble, como ocurrió en octubre pasado en una cárcel de Neuquén).
Desde el Ministerio de Justicia de Buenos Aires entendieron que el fenómeno podría explicarse a partir de una reciente “resolución de la Corte Suprema bonaerense que obliga a los jueces a definir el lugar de alojamiento del procesado o condenado, cuando antes eso dependía exclusivamente del SPB”. Como ejemplo podría tomarse el caso de Pablo Llorente, uno de los presos que esta semana escapó de la cárcel de Olmos nada menos que en un remís.
El 18 de octubre pasado la jefatura del SPB envió un escrito al Juzgado de Ejecución Nº 2 de Morón advirtiendo que la Unidad 26 de Olmos no resultaba “adecuada para el alojamiento del interno”. Al respecto, argumentaron que la medida dispuesta “resulta contraria a las pautas de clasificación fijadas para una unidad destinada a internos mayores de 70 años”. No hubo respuesta. Llorente, que tiene 32, escapó el martes pasado desatando un nuevo escándalo.
Desde el SPF explican a PERFIL que la mayoría de las fugas “se dan desde lugares donde la seguridad está atenuada”, por ejemplo en hospitales o universidades. “No hay un protocolo propio para ese tipo de custodias, porque los juzgados de ejecución (puntualmente Axel López) piden que se los lleve a la facultad y que no se note la custodia, por eso no pueden entrar al aula. Digamos que se quiere aunar la seguridad y el tratamiento en un mismo procedimiento y eso es incompatible”, dice un vocero consultado.
Para Hugo Cañón, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria y ex fiscal general de Bahía Blanca, “no existe una sola causa que explique las fugas de presos”.
“Las estructuras penitenciarias y policiales están corrompidas y se asientan en un formato autoritario desde la dictadura. Mantienen una estructura militarizada, de dominio sobre los cuerpos y las vidas de las personas (que se extiende a las familias), pero no sólo para sus ejercicios de crueldad, sino para obtener beneficios, coimas u operar como factor de presión hacia autoridades políticas que son convocadas a negociar las reglas de juego”, dice a PERFIL.
Según entiende, “las fugas no pueden atribuirse a casualidades”. “Se inscriben en una relajación general de un sistema que está atravesado por la criminalidad, que reporta negocios y beneficios, incluyendo dejar salir a los presos para que roben para los penitenciarios o policías. Cuanto antes entendamos este fenómeno y adoptemos políticas colectivas para confrontar con él, evitaremos el derrumbe institucional. Es un fenómeno que se replica en otros países, y son fuentes desestabilizadoras para relajar y hacer caer el sistema democrático”.
