La investigación judicial contra tres miembros de la Policía Federal, entre ellos el segundo jefe de la División Almacenes del Departamento de Ingeniería, destapó una olla que provocó un escándalo en la fuerza y que, a su vez, podría arrastrar a otros efectivos de alto rango. La causa indaga el accionar de una organización narcocriminal que presuntamente tendría entre sus filas a un comisario, una mujer policía y un cabo primero.
La acusación contra ellos abarca toda clase de delitos: confabulación para comercializar drogas, robo agravado, acopio de arma y munición de fuego, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos. Según el procesamiento dictado por el juez federal subrogante Daniel Omar Gutiérrez, el comisario Roberto Fernando Mora (48), el cabo primero Andrés Martínez (36) y la cabo primera Natalia Cainzos (38) tendrían relación con el envío de dos mil kilos de cocaína líquida a México, por un valor cercano a los 40 millones de dólares. También se sospecha de que se habrían quedado con droga que estaba bajo custodia policial.
En su dictamen, Gutiérrez pone el foco en “la ostentosa capacidad económica demostrada por los investigados”, según se desprende de la resolución, a la que tuvo acceso PERFIL. El juez sostiene que el “pasar económico” de los policías “no guarda lógico correlato con sus ingresos monetarios legales”. Gutiérrez destaca que “los únicos ingresos legítimos declarados provenían de los haberes y compensaciones por recargo de servicios abonados por la institución policial” y entiende que tales “emolumentos no justifican la adquisición de los vehículos de alta gama en que se desplazaban, las inversiones inmobiliarias que poseían, la adquisición de bienes inmuebles realizadas, la construcción de importantes fincas donde residían o se recreaban, ni la adquisición de los equipos de audio y video de última generación que poseían”.
Para la Justicia, el comisario Mora sería el líder de la “célula policial” de una presunta organización narcocriminal que prestó colaboración con el cartel de Sinaloa. El jefe policial fue definido por sus pares como un hombre de perfil bajo que, antes de prestar servicio en la División Almacenes, estuvo a cargo de la Subdelegación Venado Tuerto de la Policía Federal.
En su patrimonio figuran dos camionetas 4x4: una Chrysler modelo Jeep por la que pagó 401.070 pesos en efectivo y una Hyundai Tucson, por un valor estimado en 300 mil pesos. También se le atribuye un Audi Q5, aunque su abogado, Martín Bagalá, aclaró a PERFIL que “se trata de un coche oficial”.
Otro dato que destaca el magistrado es la adquisición de distintos inmuebles, algunos de ellos a nombre de su esposa, Ana Cristina Palazzo. “Las propiedades que tiene son anteriores al inicio de esta causa”, refiere Bagalá, también defensor de la mujer policía.
En cuanto a Martínez, a quien el juez Gutiérrez le trabó un embargo de 20 millones de pesos, surge que compró un terreno en el partido bonaerense de Chascomús, donde “en poco tiempo y con costos elevados” levantó “una importante construcción con comodidades y acondicionamientos absolutamente alejada de su sueldo como empleado policial de baja jerarquía”. También sobresale el secuestro de 100 mil dólares que guardaba en su domicilio, y que no pudo justificar.
Respecto de Cainzos, detenida en la cárcel de Ezeiza, el magistrado refiere que adquirió un terreno en La Reja, partido de Moreno, y enseguida inició la obra, y el hallazgo de 80 mil dólares y la compra de una camioneta Renault Stepway.
Según el juez, “el crecimiento patrimonial desmedido exhibido por los imputados y la falta de correspondencia del mismo con sus ingresos monetarios legales resultan suficientes a esta altura del proceso como para disponer su procesamiento en orden al delito de enriquecimiento ilícito”.
Otro elemento de prueba que destaca el magistrado es una serie de fotos en las que el comisario Mora y la cabo primera Cainzos posan abrazados bajo las pirámides de Egipto, en una supuesta escapada de placer tan prohibida como exótica.
Analizan declarar
Los tres presuntos “narcopolicías” serán indagados en los próximos días, según adelantó el abogado defensor del comisario Fernando Mora y la cabo primera Natalia Cainzos.
Martín Bagalá indicó que el procesamiento con prisión preventiva dictado por el juez Domínguez fue “apelado” para que resuelva la Cámara de San Martín.
“A mi juicio el juez no tiene elementos para probar ningún delito”, dijo el letrado a PERFIL.
Bagalá indicó que Cainzos podría declarar la próxima semana porque procesalmente “no aparece en las escuchas”. “Sólo responde al comisario Mora por una relación afectiva”, precisó.
PERFIL recorrió los distintos domicilios que figuran a nombre de los policías investigados. La madre de Mora aseguró que “hace mucho” que no ve a su hijo y evitó opinar sobre su situación procesal.
En tanto, su esposa, que vive en Ramos Mejía y tiene un consultorio odontológico, dijo: “No voy a hablar del tema”.
