Los trabajadores del Hospital Francés realizaron hoy una nueva marcha a la Plaza de Mayo y al Congreso nacional, con el objetivo de reclamar una salida a la crisis del centro de salud, mientras se demora el anunciado plan de salvataje que prepara la titular del PAMI, Graciela Ocaña.
Los empleados, militantes sociales y de organizaciones políticas y gremiales se movilizaron desde la sede del centro de salud, La Rioja 951 de esta Capital, hasta la Casa Rosada y, desde allí, fueron al Palacio Legislativo. La marcha comenzó a las 15 y culminó cerca de las 20, tras intentar sin éxito un encuentro con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a quien acusan de tener "cerrado unilateralmente el diálogo", pese a ser el responsable político de la salida al conflicto.
El delegado gremial, David Garutti, insistió durante la ruidosa marcha con sus críticas contra el ministro coordinador y con los reclamos para que "cese la persecución judicial a los trabajadores, se paguen los cuatro meses de sueldos atrasados y se nacionalice" el centro de salud.
Fuentes oficiales que están involucradas en el conflicto reconocieron a DyN que la responsable de diseñar un nuevo programa de salvataje "continúa trabajando" en una salida viable para el quebrado centro de salud privado.
" Todavía no hay novedades. Siguen las reuniones con los equipos técnicos, pero todavía no hay un programa integral", admitieron, con un estricto pedido de reserva de identidad, los voceros consultados.
Ante la indefinición y el estancamiento de las gestiones para una salida, los trabajadores anunciaron que continuarán movilizados, luego de intentar sin éxito un encuentro casual con el jefe de Gabinete.
“Queremos la reanudación de las negociaciones y que no se suspenda el diálogo”, afirmó el sindicalista David Garruti, quien marchó junto a la comisión gremial, organizaciones sociales y políticas y los empleados del centro de salud.
Los problemas en el hospital Francés comenzaron en diciembre del año pasado, cuando la fundación que dirigía la institución quebró y fue intervenido por la Justicia y la Superintendencia de Servicios de Salud. Se suspendió el pago de los haberes por cuatro meses, en razón de la quiebra existente, hasta que en marzo la Legislatura porteña aprobó un desembolso único de 8,5 millones de pesos para el abono de los salarios, fondo que se agotó en menos de dos meses.
