Gabriela Macías es policía de Santa Cruz. Es, además, la coordinadora nacional de la Red de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, que busca visibilizar y dar contención ante situaciones de abuso y maltrato dentro de las fuerzas provinciales. Presente en 19 provincias, cuenta con más de cincuenta referentes en el país, abogadas y psicólogas.
“Las mujeres no denuncian por miedo. Las policías provinciales estamos desprotegidas”, dice Macías, que en 2016 lo vivió en carne propia, cuando denunció a su ex pareja, un político de la provincia, y en vez de protegerla a ella se protegía a su agresor. “Mi caso se hizo público y eso no gustó. Me decían que desprestigiaba a la institución, que yo era policía y no podía decir eso”.
Entonces, empezaron los sumarios: por ir a una marcha, por dar notas. Le hicieron retención de sueldo y pidieron su baja. “Me armaron dos causas, de las que fui sobreseída, y terminé con un pedido de baja. En mi legajo ni figuraba que tenía medidas cautelares”, explica. Su abogado logró frenar la baja, y le empezaron a llegar mensajes de mujeres policías contándole los abusos que vivían en la fuerza. “Creía que era solo en Santa Cruz, pero hay un patrón que se repite en todas las provincias. En lo que va del año acá tenemos tres denuncias de abuso sexual, es muy grave”, dice. “Tenemos un reglamento que no nos nombra. Te dan carpeta psiquiátrica por todo, eso te prohíbe ascender y hace que nos expulsen a futuro. Si denunciamos, tenemos represalias, desde pedidos de traslado hasta expulsión directa”.
“Me armaron dos causas, de las que fui sobreseída, y terminé con un pedido de baja. En mi legajo ni figuraba que tenía medidas cautelares”
En el marco del #8M, referentes de la red viajaron a Buenos Aires y se reunieron con diputadas nacionales, como Nilda Garré. Les presentaron un proyecto de ley que busca trasladar todo lo existente en materia de género a nivel nacional, que no se materializa en las provincias; y crea un órgano externo con personal no policial que asista a quienes denuncian.
“El extremo son los casos de violencia y abuso sexual, pero hay muchas irregularidades cotidianas con el personal femenino que se repiten en las distintas provincias: recorte de adicionales, cambios de destino, de horario, trabajo de fuerza para mujeres embarazadas. Cosas que al personal masculino no le sucede”, explica Mariana Herrera, abogada de la red que se sumó a partir de los relatos de policías de su provincia que llegaban a su estudio, en Corrientes, denunciando violencia, persecución, hostigamiento. “Siempre se ejerce desde la autoridad. Y cuando denuncian, llega al jerárquico, que muchas veces es el denunciado. A ellas las sacan y el agresor queda”.
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Algunas provincias cuentan con oficinas de la mujer, pero, dicen, no siempre funcionan. “Cada provincia tiene su legislación. Con la ley buscamos materializar algo ya reconocido para las mujeres, pero no para las mujeres policías”, dice Herrera. A nivel nacional, por ejemplo, las fuerzas federales cuentan con una serie resoluciones del Ministerio de Seguridad de la Nación en materia de género.
“Hay muchas, pero el problema es que son para la Policía Federal y no llegan a las provincias. Si tuvieran carácter de ley, serían igualitarias para toda la policía”.
