Niños y niñas con padres presos: por las limitaciones de vinculación, en la mitad de los casos no vuelven a tener contacto con ellos

Cuando un adulto con hijos menores de edad es privado de su libertad, hay un niño, niña o adolescente que, en mayor o menor medida, pierde el vínculo con ese padre o esa madre que está en prisión. En Argentina, se estima que al menos 146.000 chicos tienen a alguno de sus padres presos. Un informe relevó las limitaciones, fallas y desinformación que existe para esa vinculación, que llega al punto de que en la mitad de los casos no vuelvan a tener contacto.

“La privación de libertad conlleva circunstancias muy difíciles para las familias y Niños, Niñas y Adolescente con referentes adultos/as privados/as de su libertad (NNAPES) quienes constituyen un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad y, en consecuencia, demanda intervenciones estatales específicas y proactivas para mitigar sus efectos perjudiciales”, detalla el informe que elaboró el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) al que accedió PERFIL. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre agosto de 2022 y mayo de 2023, en el marco de la agenda de visitas de inspección del CNPT, en las jurisdicciones de Santa Cruz, Salta, Jujuy, Formosa y Corrientes. Para los datos del informe se hicieron entrevistas en profundidad a personas privadas de libertad, familiares, autoridades, encargados de las áreas sociales de los establecimientos penitenciarios visitados e información a referentes institucionales.

Infancia vulnerable: padres detenidos, hijos sin derechos 

Las limitaciones para sostener el vínculo entre niños y adolescentes con sus padres privados de la libertad

En base a esa investigación, desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura explican que se identificaron “múltiples limitaciones” para el sostenimiento del vínculo entre estos menores y sus referentes adultos que están en prisión.

Entre esas limitaciones, mencionan temas como la desinformación; el temor a los procedimientos invasivos en las requisas y otras formas de malos tratos a los familiares; las representaciones acerca de que la prisión “no es un lugar para que transiten niños y niñas, ni siquiera a los fines de visitar a sus padres o madres”; la falta de profesionales que orienten y brinden sostén a las familias; los altos costos económicos y la superposición horaria entre las visitas y las rutinas laborales y escolares; la arbitrariedad penitenciaria y el recurso de conceder o suspender visitas como estrategia de disciplinamiento.

Estas, aclaran, son “solo algunas de las trabas” que fueron mencionadas con mayor frecuencia por las personas consultadas a lo largo de la elaboración del informe. En muchos casos ocurre que quien va a prisión es el único adulto (padre o madre) responsable de los menores: cuando esto sucede, quedan al cuidado de otros familiares o, si estos no pueden, de instituciones. Ese contexto es una limitación más para poder seguir en contacto con ese adulto que está en prisión. 

Todo esto, además, señala un tema subyacente: en la actualidad, en Argentina no existe información oficial ni estadística consolidada sobre el tema para hacer un diagnóstico certero: “Las estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) no contienen datos sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos presos, ni la situación de ellos una vez que sus padres o madres se encuentran privados/as de libertad”, destacan desde el Comité.​

La mitad de los menores con padres y madres presos no sigue en contacto con ellos

Hay estudios que señalan que habría alrededor de 146.000 niños, niñas y adolescentes (NNyA) con su padre o madre privado de libertad en el sistema federal, mientras que otras estimaciones hablan de 700.000 chicos que viven en un hogar donde hay o hubo un miembro de la familia privado de libertad por causas en la justicia provincial o federal.

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) observó en un informe que el 75% de esos niños tienen menos de doce años, y que casi la mitad no visitan a sus progenitores presos: esto quiere decir que no volvieron a ver a su padre o madre luego de que fuera llevado a la cárcel. 

Otro estudio, menciona la CNPT, consultó de manera directa a chicos en esa situación en el año 2020 y la mitad de ellos afirmó que no se comunicaba con sus familiares presos, lo que impacta directamente en su derecho a sostener vínculos significativos con sus referentes. “Es decir, al impacto subjetivo y en su cotidianeidad que atraviesan los NNyA con referentes adultos/as privados/as de libertad, se agrega la falta de contacto”, analiza el reporte. 

Ley Micaela y de los 1000 Días: cuáles son los cambios que impulsa la ley ómnibus de Milei 

Otro de los puntos clave de la problemática es la escasez de los recursos humanos que las autoridades designan para informar y gestionar las visitas: “En la mayoría de los establecimientos relevados, los equipos tratamentales cuentan con un/a único/a profesional de trabajo social y con una o dos personas administrativas, lo que de ningún modo logra cubrir las tareas de difusión de información y promoción general de los vínculos familiares ni el desarrollo de intervenciones concretas, de índole administrativa o judicial”, sostiene el informe.

Para esto, proponen una serie de recomendaciones para profundizar políticas públicas que, al día de hoy, resultan insuficientes. Entre ellas, plantean desde medidas para tener en cuenta y evitar el impacto negativo que tiene en menores de edad presenciar los momentos de detención de sus padres; un régimen para el ingreso de las personas menores de edad a establecimientos penales y sus familiares sin pasar por situaciones degradantes; e incluso alternativas de contacto para quienes, por motivos económicos, se ven imposibilitados de trasladarse para esas visitas, entre otras.

AG / Gi