Con la realización de la audiencia pública el lunes pasado en la Legislatura porteña, el Ejecutivo avanza con el proyecto de ley que prevé transformar el uso del Pabellón del Centenario y relocalizar allí actividades culturales, recreativas y comerciales con criterios sutentables, tal como ocurre con edificaciones similares en otras capitales del mundo, como por ejemplo París.
Además de recuperar el edificio, que se encuentra abandonado y muy deteriorado detrás del sector de cargas del hipermercado Jumbo-Easy, la iniciativa también procura que la Ciudad retome el dominio de ese predio y comercialice las tierras que son públicas. En total, se trata de una superficie de 4,4 hectáreas ubicadas en pleno Palermo, y pegado a Las Cañitas, de gran accesibilidad al transporte público.
El Pabellón Argentino es el único edificio que continúa en pie de los veinte que se erigieron en la Ciudad para los festejos de 1910. La construcción fue galardonada con la medalla de oro de la Exposición Ferroviaria y de Transportes Terrestres de ese año, y en 2010 fue declarada Monumento Histórico Nacional.
Tras la audiencia realizada, el proyecto será analizado nuevamente en Comisiones para luego “bajar al recinto”, y ser tratado. Según fuentes legislativas consultadas por PERFIL, se presume que el oficialismo no tendría inconvenientes en conseguir los votos necesarios para alcanzar su objetivo al momento de realizarse su segunda lectura.
Según la normativa, el gobierno porteño pretende que en esas 4,4 hectáreas, el 65% de la superficie sea reconvertido en espacio público. Mientras que el 35% restante se destine a proyectos inmobiliarios, tras un acuerdo con la Agencia de Bienes del Estado y la Ciudad. Fuentes del gobierno señalaron que “la zona mutó de un área aislada a un barrio totalmente urbanizado, y que hoy, por el uso privado que tiene –por el hipermercado de Cencosud Argentina– ese terreno genera una barrera urbana que quiebra la conectividad y tiene nula integración con el resto del barrio”.
Desde la Ciudad aseguraron que de aprobarse el proyecto “se generará espacio público; se recuperará patrimonio histórico, y se dará participación a los ciudadanos a través de un concurso público de proyectos para instalar en el lugar, manteniendo criterios constructivos de sustentabilidad, como terrazas verdes y sistemas de ralentización del agua de lluvia que permiten que se retenga el agua para evitar el escurrimiento rápido hacia la cuenca del Maldonado, lo que ayuda a evitar inundaciones”.
De todas maneras, y más allá de las intenciones del gobierno, los empleados del hipermercado alertaron que más de 800 puestos de trabajo correrían peligro de aprobarse el proyecto en segunda lectura. Durante la audiencia, Eva Serrano, en representación de los empleados del hipermercado, señaló que “de quitarle las tierras a Cencosud los trabajadores nos quedamos en la calle. Ni la Legislatura ni la empresa se harán cargo de nuestra situación”. Más adelante, Serrano agregó: “La única respuesta que nos da la empresa es que tienen que devolver las tierras, que no se pueden negar”.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, por su parte, sostuvo en la misma ponencia que “la generación de espacios verdes, la preservación patrimonial y el mantenimiento de las fuentes de trabajo no son incompatibles”. Asumiendo el compromiso de que esta postura “se vea reflejada en el cuerpo de la futura ley”.
