Hugo Oldani (67) fue asesinado hace dos años en la ciudad de Santa Fe, en el edificio donde había montado una supuesta empresa de turismo. Lo que no muchos sabían en aquel momento era que allí también funcionaba una cueva de dinero a la que recurrían empresarios, dirigentes políticos y hasta policías santafesinos, y en la que había más de tres millones de pesos y 1,1 millón de dólares. Esa plata, que fue descubierta gracias a las filmaciones de los peritos que registraron la escena del crimen, desapareció en la madrugada siguiente al crimen con el presunto aval de la fiscal Cristina Ferraro, la misma investigaba el asesinato.
En las últimas horas de este miércoles 8, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo finalmente decidió procesar a Ferraro por los delitos de "encubrimiento por favorecimiento real agravado y abuso de autoridad". Para el magistrado existen "suficientes" elementos para tener por acreditado que "facilitó la desaparición de elementos probatorios, entre ellos 3.050.000 pesos y 1,1 millón de dólares de la escena del crimen", un monto que fue estimado por la Dirección Scopometría de la Policía Federal Argentina (PFA).
La víctima era dueña de la empresa "Turismo Oldani SRL", ubicada en la Galería Rivadavia, en el centro de la capital de Santa Fe. El 11 de febrero de 2020 le pegaron un disparo en un aparente intento de robo y falleció poco después, cuando era asistido en un centro de salud.
Según fuentes judiciales, uno de los primeros registros fílmicos que hicieron los peritos del lugar muestra la presencia del dinero "detrás de una puerta, en el fondo del local y sobre una improvisada estantería de madera". Lo llamativo es que los investigadores no dejaron constancia del dinero que había en la escena. De acuerdo a los testimonios de la hija del empresario, Virgina Oldani, y su esposo, los billetes fueron retirados con la autorización de la fiscal Ferraro.
"Las imágenes demuestran que a las 01:04, las personas referidas egresaron del local hacia el hall -en presencia de la fiscal Ferraro-, portando bolsos, una mochila y una caja azul, e inmediatamente, el personal policial colocó la faja de seguridad", precisa el fiscal federal Walter Rodríguez, en el pedido de indagatoria.
Según testimonios recogidos, parte de ese dinero podría estar relacionado con la recaudación ilegal de la División Motorizada y la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe.
Dos días después del procedimiento, la fiscal investigada libró un oficio a la policía para asegurar documentación y dinero que pudiera hallarse en la escena e impulsó una causa penal para investigar la difusión de imágenes en un medio de comunicación sobre el dinero encontrado en el lugar y sobre el que no había constancia.
Además, intentó ocultar a su colega Mariela Giménez, quien llevaba a cabo una investigación por el delito de lavado de dinero, el material fílmico y las declaraciones testimoniales de la hija de la víctima y su marido, quienes dieron cuenta de la autorización que habían recibido de la ahora procesada al final del procedimiento para retirar el dinero.
Para el juez Villafuerte Ruzo "resulta poco racional" que la fiscal Ferraro no haya "dispuesto el secuestro de tal cantidad de dinero hallado en el lugar o por lo menos su contabilización, toda vez que el mismo podría resultar el móvil del homicidio que se hallaba investigando o como en el caso que nos ocupa podría encontrarse relacionado con la comisión de otro delito".
En base a los videos de la escena y otros elementos de prueba, el fiscal Rodríguez acusó a Virginia Oldani y a otras personas por el delito de intermediación financiera no autorizada. Rodríguez entendió que "el dinero desaparecido debía ser tomado en cuenta como evidencia de actividades tendientes a procurar y hacerse de recursos financieros de terceros para luego prestarlos al público de forma clandestina y sin el control, autorización y supervisión del Banco Central".
No pudieron esclarecer un crimen en un pueblo de 45 habitantes
De acuerdo al sitio fiscales.gob.ar, la resolución judicial que dispuso el procesamiento de la fiscal Ferraro fue emitida en línea con el requerimiento de Rodríguez, quien en febrero pasado había solicitado la convocatoria a prestar declaración indagatoria de la funcionaria judicial y de otras personas que habrían intervenido en la maniobra.
En efecto, el juez también dictó el procesamiento del abogado y esposo de la hija de Oldani, de una abogada y de un hombre vinculado a la víctima como presuntos autores de "encubrimiento por favorecimiento real, agravado por el ánimo de lucro". Esas personas fueron sindicadas por el fiscal Rodríguez como las responsables de haberse llevado el dinero y otros elementos de la escena del crimen.
El procesamiento dictado por Villafuerte Ruzo, en tanto, también alcanza a los jefes policiales Walter Sebastián Barco, a cargo del Departamento Operativo de Investigación Región 1, y Hernán Ceferino Galán, jefe de la División Homicidios. Ambos están acusados como presuntos autores del delito de inutilización de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente.
Según el juez federal, existen suficientes elementos para tener por cierto que ambos desconectaron dos cámaras de seguridad del edificio para evitar que sea registrada la salida del dinero.
En la resolución, el magistrado dispuso además un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir cada uno la cifra de 500 mil pesos en el caso de la fiscal y las tres personas individualizadas como quienes se llevaron el dinero, y de 200 mil pesos en el caso de los funcionarios policiales.
LN CP
