La presentación de un proyecto de ley para crear un régimen nacional de habilitación, fiscalización y registro de criaderos, refugios y hogares de tránsito por parte de la diputada libertaria Karen Reichardt, pero cuyo nombre verdadero es Karina Vázquez, generó una inesperada polémica, la cual, lejos de aquietarse, aumentó con el correr de los días.
Apenas se conoció el articulado de la iniciativa, que propone fijar, por ejemplo, estándares mínimos de bienestar animal, controles veterinarios obligatorios y un régimen de sanciones para los incumplidores, el rechazo por parte de proteccionistas, propietarios de refugios para perros y gatos abandonados en la vía pública y hasta de veterinarios, no tardó en salir a la luz y hacerse escuchar. Al punto de pedir que el proyecto fuera retirado del Congreso Nacional.
Uno de los principales motivos de repudio a la propuesta radica en que equipara bajo el mismo marco normativo a los criaderos comerciales con los refugios y santuarios. En este sentido, desde el sector proteccionista advierten que la regulación desconoce la diferencia fundamental entre quienes reproducen animales para su venta y las entidades sin fines de lucro que rescatan, rehabilitan, castran y buscan un hogar para perros y gatos abandonados.
El origen de la polémica se produjo hace unas semanas en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en el canal América, entre la diputada libertaria y la periodista Matilda Blanco, reconocida proteccionista de animales. La discusión, que incluyó hasta el abandono del programa por parte de Reichardt, giró en torno a la equiparación de requisitos tanto para criaderos “legales” como para los refugios.
Rechazo unánime. Respecto a las fallas estructurales del proyecto de ley, el doctor Enrique Romero, con más de cuatro décadas en la profesión, señaló que “el proyecto mezcla peras con batatas. Junta una actividad comercial como la cría –que fomenta la venta cuando hay superpoblación– con un hecho puramente solidario como los refugios, que son un parche remedial a la crisis. Son temas completamente distintos que no necesitan un registro para ser regulados bajo la misma ley. Demuestra una falta total de consulta a profesionales y capacitados en salud pública”.
Para el reconocido médico veterinario y también proteccionista, “los refugios no tienen por qué ser regulados con esta lógica, porque surgen de una acción fortuita y solidaria. Nadie puede prohibir que alguien rescate un perro y sea un hogar transitorio. Si en un refugio los animales no comen o están hacinados, para eso ya existe en la Argentina la Ley 14.346 de Maltrato Animal. Lo que corresponde es aplicar la ley que ya tenemos, no inventar requisitos burocráticos”, enfatizó el profesional.
Otro de los temas que tocó Romero durante su charla con PERFIL, fue que “la verdadera solución a la sobrepoblación de animales en la calle es la castración masiva, gratuita, permanente y avalada por el Estado. En lugar de sumar trabas a los refugios hay que ir a la causa: la superpoblación canina. Sin presupuesto nacional para castraciones públicas y gratuitas en todo el territorio, el problema solo va a seguir empeorando”, concluyó.
Federico Borstelmann, creador de la plataforma de búsqueda de perros extraviados MyPets (@mypets) se opone de lleno al proyecto en cuestión. “Estoy totalmente en contra del proyecto ya que incentiva la compra en lugar de la adopción. Al reconocer y regular los criaderos se promueve la reproducción, explotación y comercialización de animales en un contexto de hacinamiento y sufrimiento, cuando en las calles y refugios hay millones de perros y gatos esperando una familia”.
Respecto a uno de los puntos centrales de la polémica, que tiene que ver con la equiparación entre criaderos legales y refugios, Fede señaló: “Hay una diferencia abismal entre un refugio y un criadero. Los refugios funcionan por la buena voluntad de la gente y mediante donaciones. Si la ley empieza a exigirles infraestructura o seguros comerciales, no van a poder cumplir y van a terminar cerrando. De ninguna manera se puede apoyar una actividad que lucra con la explotación de hembras y la venta de animales”.
Por último, el rescatista y proteccionista aseguró que “este proyecto no ataca la raíz del problema, que es el abandono, la falta de castraciones y el incumplimiento efectivo de la Ley 14.346 de maltrato animal. Antes que cualquier normativa de este tipo, hay que ir a la base: reforzar las políticas públicas de castración masiva, fomentar la adopción y endurecer las penas para quienes abandonan o maltratan”.
Para Bruma Strafacio, rescatista, propietaria del refugio UnBru (@unbru.unbru) y coordinadora de una red de tránsito de casi cien hogares, “el proyecto tiene contradicciones profundas. La primera es que propone regular una actividad que suma más animales a un sistema que ya está desbordado. No solo hay perros muriéndose en las calles y refugios al límite, sino que faltan lugares para rescatar a los que sufren violencia o desnutrición en las casas. Proponer una ley que regule la reproducción de perros en este contexto es como tirar nafta a un incendio.
La segunda contradicción propone a los perros como seres sintientes, y al mismo tiempo, discute cómo organizar mejor una reproducción y comercialización. O sea, los propone como mercancías, como simples cosas. La 3º contradicción es que pone bajo la misma regularización a criaderos y a refugios cuando éstos cumplen funciones completamente opuestas”.
Por ultiumo, Bruma afirmó que “poner bajo la misma regulación a criaderos, refugios y redes de tránsito es ponerle palos en la rueda a quien intenta ayudar. Para salvar vidas hoy se necesita dinero en veterinaria y asistencia. Si a las ONG y a las familias de tránsito nos exigen cumplir con registros y requisitos burocráticos, los pocos fondos disponibles se van a ir en trámites en lugar de usarse para rescatar y alimentar a los animales”.
