El primer informe de femicidios elaborado con fuentes del Poder Ejecutivo reveló que en 2017, 274 mujeres fueron víctimas de femicidios en el país. Además, hubo 6 víctimas de travesticidios y 28 de femicidios vinculados (13 mujeres y 15 hombres). En total, 308 personas fueron víctimas de femicidios en las diferentes tipologías analizadas.
Así lo determinó el informe de estadísticas oficial que se presentó ayer en el Ministerio de Seguridad de la Nación, realizado por esa cartera y la Defensoría del Pueblo de la Nación, que cuenta con un Observatorio de Femicidio; a partir del cruzamiento de datos de comisarías, fiscalías, juzgados, hospitales; y los informes con estadísticas criminales.
Del mismo se desprende que, del total de homicidios dolosos registrados ese año, los femicidios representaron el 13,5%. Pero que cuando se analizan aquellos donde las víctimas fueron mujeres, ascendieron al 64%. Así, los femicidios se cuentan entre los tres grandes componentes de los homicidios del país, junto con los crímenes por robo y violencia intrafamiliar.
Las cifras que se presentan dan cuenta que el 41,9% de las víctimas tenían entre 16 y 30 años. Y que más del 60% tenían una relación de pareja íntima con el femicida. Solo el 16,2% había hecho una denuncia por violencia, y el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres: el 72% de las víctimas fueron asesinadas en sus casas. Ese año, además, 206 chicos quedaron huérfanos.
Al analizar los datos por región, las provincias del norte son las que presentan las tasas de femicidios más altas. En algunas, incluso, equivale a la tasa de homicidios totales. En Santiago del Estero, por ejemplo, la tasa de homicidios es del 3,9, y la de femicidios del 3,15. Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Tucumán y Chaco, también se encuentran por encima de la media nacional, que alcanza el 1,31. “El análisis de estas estadísticas nos permite enfocar las políticas públicas, y entender si hay políticas específicas aplicadas que expliquen por qué hay diferentes tasas en las provincias”, explicó la ministra Patricia Bullrich.
En ese contexto, entre las políticas que el Ministerio busca poner en marcha se cuentan la creación de un sistema nacional de cooperantes, que podrían ser un familiar, un vecino o cualquier persona que esté en contacto directo con la víctima, para que puedan dar alerta ante casos de violencia de género, en pos de incrementar también la cantidad de denuncias. Y la creación de un registro nacional de denuncias, para el cual se trabajaría en cooperación con la Embajada de España, país que ya lo implementó. “Siempre hay un indicio previo y queremos que esté la posibilidad de que un cooperante pueda hacer el llamado de alerta”, agregó la ministra.
En materia de prevención, se realizan capacitaciones en perspectiva de género a los agentes de las distintas fuerzas de seguridad nacionales, obligatorias a partir de la sanción de la Ley Micaela; y el uso de tobilleras electrónicas en casos donde haya denuncias de violencia de género. En 2017, el ministerio elaboró la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad para la Investigación de Femicidios en el lugar del hecho, a la que por ahora adhirieron solo 10 provincias.
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De la presentación del informe también participaron la subsecretaria de Estadística Criminal, Mariela Budiño; la coordinadora de políticas de género, Carolina Barone; y el Subsecretario General de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Bockel.
