El equipo médico del Hospital Nicolás Avellaneda, ubicado en San Miguel de Tucumán, realizó un aborto considerado no punible a una menor de 11 años que sufrió un abuso sexual. A pesar de que en esos casos la práctica es legal, la médica ginecóloga es amenazada e intimidada por Whatsapp tras la intervención.
Fabiana Reina, ginecóloga infanto-juvenil, realizó el procedimiento a la mejor luego de que esta llegara al hospital con su madre, quien acompañó la decisión de llevar a cabo la interrupción del embarazo. Si bien el Hospital se considera como "objetor de conciencia institucional", al parecer algunos profesionales que trabajan allí no concuerdan con la decisión tomada por los profesionales ante el caso, según consignó Infobae.
Por su parte, desde la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir (NOA) expresaron su repudio ante lo sucedido, y sostuvieron: "Ante los hechos ocurridos en una institución de salud pública de Tucumán, el Hospital Avellaneda, en torno a la realización de una ILE a una menor edad, respaldamos y brindamos todo nuestro apoyo a la Dra Fabiana Reina, lxs profesionales y directivxs sanitarios que garantizaron dicha práctica de forma segura, la cual se encuentra dentro del marco legal de aborto no punible por causales en nuestro código penal argentino desde el año 1921".
En la misma línea, la organización Ni Una Menos Tucumán brindó respaldo a la profesional dadas las amenazas recibidas, y expresaron: "Desde Ni Una Menos Tucumán respaldamos el accionar de la doctora Fabiana Reina y el equipo de salud que garantizó el acceso a una ILE a niña abusada y que un sector de médicos antiderechos intentó bloquear. No solo demuestran su menosprecio por la salud y derechos de las niñas y mujeres sino sus mecanismos de apriete y terror para imponer sus intereses", manifestaron.
Causales. Desde 1921, la interrupción voluntaria del embarazo es legal en los siguientes casos: en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer, en situaciones de violación, o de "atentado al pudor de mujer demente o idiota".
Luego, en 2012, la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia en el llamado "caso F.A.L", en la que estableció que toda mujer embarazada como resultado de un abuso sexual tiene derecho a acceder a un aborto no punible, "sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con completar una declaración jurada en la que la mujer víctima de una violación manifieste que el embarazo es producto de ese delito".
Antecedente. En el mismo Hospital de esa provincia tuvo lugar el "Caso Belén" en 2014. La joven llegó a la institución con un aborto espontáneo y como consecuencia fue detenida y estuvo presa por más de tres años, acusada de haberse desecho del feto intencionalmente en los baños del centro de salud.
Tres años después, en 2017, el máximo tribunal de Tucumán consideró que su detención “fue irregular" y recuperó la libertad.
