Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos y cuñado del rey Felipe VI, pasará los siguientes cinco años y diez meses en prisión desde este lunes. A primera hora de la mañana, el esposo de la infanta Cristina en prisión tras ser condenado por el escándalo de corrupción que puso en jaque a la monarquía española.
El ex deportista profesional llegó a las 8.15 de la mañana a la cárcel de Brieva, en Ávila, a unos 100 kilómetros de Madrid. Según fuentes penitenciarias, se trata de un centro de mujeres que tiene un módulo para hombres. Según el diaro español "ABC", el centro penitenciario tiene 43.540 m2, 162 celdas y 18 complementarias.
Urdangarin es el primer familiar del rey español que entra en prisión y lo hace a raíz del llamado "Caso Nóos", un escándalo de corrupción que lo llevó al banquillo de los acusados en 2016 junto a la infanta Cristina, quien fue absuelta por el tribunal.
Tal y como establece el protocolo habitual, tras su entrada en la cárcel de Brieva será examinado por un equipo médico y psicológico y a partir de entonces se abrirá un plazo máximo de dos meses para decidir su situación penitenciaria.
Urdangarin también recibió un folleto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España con 36 hojas de "información útil y básica" para que los nuevos reclusos conozcan "sus derechos y deberes", "las posibilidades de comunicación con su familia, su abogado y otros profesionales" y "otros aspectos del funcionamiento del sistema penitenciario que pueden resultarle útiles".
El diario "El País" de España explica que el cuñado del rey podrá hacer un máximo de diez llamadas telefónicas semanales de cinco minutos cada una -abonadas por él mismo- a números previamente autorizados por Prisiones.
Este lunes terminaba el plazo que la Justicia española dio al ex duque de Palma para entrar en prisión tras la sentencia firme del Tribunal Supremo que lo condenó la semana pasada a 5 años y 10 meses de prisión por delitos de malversación, fraude y prevaricación, entre otros.
El "caso Nóos" supuso a partir de 2010 un golpe para el entonces rey Juan Carlos I, quien abdicó cuatro años después en su hijo Felipe. Con la llegada del nuevo monarca, tanto Cristina como su hermana Elena quedaron fuera del núcleo de la familia real española.
La Justicia española investigó los negocios que hizo entre los años 2003 y 2006 al frente del Instituto Nóos, una organización vinculada al mundo del deporte y en teoría sin fines de lucro que el ex deportista creó junto con Diego Torres, uno de los profesores que había tenido en un máster en negocios.
A ambos, imputados por el juez José Castro, se los acusó de haberse apropiado de casi 6 millones de euros de dinero público, cifra que procedía sobre todo de contratos con los gobiernos regionales de las Islas Baleares y de Valencia (este).
El caso se resume básicamente en el supuesto aprovechamiento del parentesco con la Casa Real por parte de Urdangarin y de su socio para lograr suculentos contratos adjudicados a dedo. Los servicios se contrataban por precios desorbitados, muy por encima del coste real, y también se facturaban servicios ficticios. Que Urdangarin fuera el yerno del entonces rey de España fue la clave de ese trato de favor, según el juez.
El "caso Nóos" es una de las piezas separadas que salieron del "caso Palma Arena". Las irregularidades de Urdangarin aparecieron cuando el juez Castro investigaba cómo se dobló el coste de la construcción de un centro polideportivo, un caso por el que el ex ministro y ex jefe del gobierno regional balear Jaume Matas fue ya juzgado y condenado.
Un alto porcentaje de esos casi 6 millones de euros presuntamente malversados por Nóos acabó en empresas privadas de los dos socios. Una de las sociedades en las que más dinero entró por supuestos trabajos encargados por el instituto fue Aizoon, de la que Cristina era copropietaria junto con su marido. Cristina formaba parte también de la junta directiva del Instituto Nóos.
El juez la consideró sospechosa de haber sido "cooperadora necesaria" en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido. La infanta pidió ser absuelta alegando que firmó "sin pedir explicaciones" los escritos que le presentó Urdangarin. En diciembre de 2015, el magistrado mandó a ambos al banquillo de los acusados junto con otras 15 personas, entre ellas algunos ex funcionarios del Gobierno regional de Baleares. El juicio arrancó en enero de 2016 y duró casi seis meses, hasta el pronunciamiento del tribunal en febrero de 2017.
