El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad el proyecto de ley para reurbanizar la Villa Rodrigo Bueno, ubicada detrás de la reserva de Costanera Sur, en Puerto Madero. Tras once años de reclamos ante la Justicia de las 1.240 familias que hoy la conforman, el proyecto impulsado por el Ejecutivo porteño –y que contó con la aprobación de todos los bloques, aunque con algunas salvedades (ver aparte)–, prevé mejorar 500 casas, construir 300 nuevas –los modelos que se evalúan son departamentos de dos o tres ambientes–, abrir calles, colocar luminarias y servicios básicos; además de construir una peatonal, un vivero “social” que refuerce la identidad de la zona y hasta un polo gastronómico.
Los proyectos aprobados –junto con otro que contempla además la reurbanización de la Villa Fraga, en Chacarita– “fueron sustancialmente mejorados con respecto a los iniciales, debido en gran parte a la participación activa de los vecinos”, dijeron fuentes legislativas. Sin embargo, para distintos expertos en urbanismo consultados por PERFIL, los resultados de la reurbanización pueden significar, por el contrario, la expulsión de los habitantes que hoy integran el asentamiento.
“Les va a ser caro vivir ahí, no creo que se vayan a integrar al entorno y van a ser una isla”, asegura Raúl Wagner, arquitecto y urbanista. Es que la villa, que comenzó a poblarse en los años 80, fue testigo de la transformación que sufrió la zona y hoy está en pleno proceso de revitalización: está cercada por la avenida España, desde donde se pueden ver las megatorres de Puerto Madero, la Reserva Ecológica y un estrecho y contaminado canal que la separa de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, hoy propiedad de la empresa IRSA, que desde 2010 intenta aprobar un proyecto para construir en la zona un barrio de lujo.
En este contexto, Wagner argumenta que con la urbanización se va a “generar un proceso de gentrificación”, un cambio que se produce cuando una zona que no es atractiva empieza a llamar la atención de inversores que mejoran el entorno lo que hace que los sectores más vulnerables se desplacen a otro lugar por la llegada de estratos más altos. “El mercado propio los va a expulsar, no es que eso vaya a suceder a partir de una orden judicial”, asegura Wagner.
Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, es más determinante: “La Rodrigo Bueno va a desaparecer después de dos o tres años de urbanizada”. Y justifica: “La verdadera mixtura social no es llevar a gente de clase media a zonas vulnerables porque crea exclusión”.
Sin embargo, para Guillermo Tella, doctor en Urbanismo, “la instalación de estas poblaciones va a generar un espacio de diálogo con el entorno, que tendrá momentos conflictivos, pero es favorable para alentar a la diversidad social”. Andrea Catenazzi, arquitecta especialista en planificación, coincide pero advierte: “Para que la integración sea real, más allá de la construcción de viviendas, tienen que generarse espacios de encuentro, como escuelas u hospitales, con el resto de los barrios que la rodean”.
El proyecto. En agosto de 2016, el Tribunal Superior de Justicia porteño ordenó destrabar el conflicto con la Rodrigo Bueno y, por primera vez, el Ejecutivo consensuó una propuesta para integrar el barrio al resto de la ciudad. A partir de ahí se conformó una mesa de trabajo con delegados barriales, apoyados por el Ministerio Público de Defensa, y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Juan Maquieyra, presidente del IVC asegura: “Nosotros vamos a trabajar para que el día después de finalizar las obras el resto de la Ciudad quiera conocer la Rodrigo Bueno”.