La Comisión De Legislación General del Senado de la Nación debatió esta tarde un proyecto de ley, impulsado por el kirchnerista Miguel Ángel Pichetto y el socialista Rubén Giustiniani, que instalaría un impuesto adicional para algunos soportes y dispositivos tecnológicos (discos rígidos, tarjetas de memoria, CD, DVD, y hasta celulares, entre otros) para compensar a los dueños de los derechos de autor por la piratería.
De aprobarse, la ley aumentaría las grabadoras de discos (CD, DVD, Blu-Ray) en un 10% y a los mismos discos en un 75%. Las memorias USB y tarjetas de memoria subirían un 5% y los discos rígidos un 10%. Los reproductores de video o música costarían un 10% más y los celulares capaces de reproducir esos formatos, un 1% más.
Los encargados de cobrar el llamado "canón digital" serían la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) y Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). También recibirán fondos la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) que participaron en la elaboración del proyecto.
La iniciativa tiene un amplio rechazo en las redes sociales: "No al Canon" es el tema más popular del momento (trending topic) entre los usuarios de Twitter. Diversos blogs sobre tecnología también abordan el tema con varias críticas: que el impuesto fomenta la piratería, que el dinero no llegará a los artistas afectados por las violaciones a los derechos de autor, o que los dispositivos digitales que aumentarán no necesariamente son utilizados para la piratería.
El proyecto de ley tampoco contempla a organizaciones sin fines de lucro, ni al propio Estado, que deberá pagar ese plus hasta en las computadoras que entrega como parte del programa "Conectar Igualdad".
La idea del "canon digital" surgió en España, donde se instaló en 2002 y fue el centro de una batalla legal y política hasta que el 24 de marzo pasado fue anulado. En Argentina fue impulsado en 2008 por el entonces diputado Claudio Morgado, pero no prosperó.
Según el senador Gerardo Morales, el proyecto de ley se debatirá en la Cámara Alta en el día de mañana.
