Daniel Arroyo participó de una conferencia de prensa virtual organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación de Editorial Perfil y la Universidad del Salvador (USAL). Se refirió al escándalo por sobreprecios en alimentos adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Social y aseguró que ahora se implementa un sistema que impide compras por encima del precio máximo establecido.
Por otra parte, advirtió que el Gobierno aún evalúa realizar el cuarto pago del IFE y admitió que la situación social es grave a causa de la pandemia. "La situación más crítica en la Argentina es la de los niños y las niñas. Esa es la gran deuda que tiene nuestra democracia", dijo Arroyo en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.
—¿Qué sintió cuando Cristina Fernández de Kirchner habló de "funcionarios que no funcionan"?
—Yo leí toda la carta. En mi opinión, el Ministerio Desarrollo Social ha estado a la altura y no me refiero a mí en particular, sino a que hay un conjunto de gente muy valiosa que le pone el cuerpo, que trabaja. Hoy tuve un Zoom con gran parte de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y les decía eso, yo creo que el Ministerio Desarrollo Social es lo mejor que tiene el Estado en la Argentina, porque combina garra, corazón y vida, alguien que las cinco de la mañana está en el barrio más pobre poniéndole cuerpo, con conocimiento, con mucha gente que ha estudiado, que han hecho maestrías, que se ha especializado en política social. En ese esquema yo siempre doy mucha importancia a lo que plantea Cristina, escucho con mucha atención sus planteos, sus ideas, y claramente creo que el Ministerio ha estado la altura en un contexto muy difícil.
—¿Qué autocrítica podría hacer en relación al manejo de la pandemia por parte del Gobierno?
—El presidente Alberto Fernández y todo el Gobierno decidimos de entrada salvar vidas, cuidar la situación sanitaria en un contexto verdaderamente muy difícil en donde además teníamos un sistema sanitario en una situación muy crítica. Seguramente hay muchas cosas que se podrían haber mejorado o que se podrían haber hecho de otra manera, pero generamos en todo momento las políticas para atender la situación. Desde el punto de vista social, nosotros en 15 días en el mes de abril pasamos de 8 millones de personas a 11 millones de personas que recibieron asistencia alimentaria, generamos dispositivos, fortalecimos la tarjeta alimentaria, descentralizamos fondos a las provincia de los municipios, reforzamos la entrega de alimentos, con dificultades, con mucha atención y con una gran red social en Argentina que ha sostenido la situación. Sin duda veo que muchas cosas que podríamos haber hecho diferente, mejorado, encarado otras políticas; ahora, en todo tiempo hemos tenido muy claras las premisas de atender a los que menos tienen y acompañar y reforzar al sistema de salud, que estaba debilitado.
— ¿Usted está de acuerdo con la decisión de discontinuar el pago de IFE?
—Todavía no está definido el pago del cuarto IFE. Hay un gabinete económico que en algún momento se transforma en gabinete socio-económico y ahí participo yo, y hasta ahora se han pagado tres IFE a 9 millones de familias. No está definido aún, claramente hay dos sectores en situación crítica en la Argentina: uno es los jóvenes de 18 a 29 años, y otro, las familias y las personas que han perdido mucho ingreso porque se han quedado sin trabajo o porque han perdido mucho en términos de la economía informal. Sobre esa base estamos evaluando distintas alternativas, no está definido aún la situación.
—Hace unos días La Nación afirmó que el Ministerio Desarrollo Social volvió a comprar alimentos con sobreprecios. ¿Usted qué opina?
—Hubo un episodio en abril de un proceso que se anuló, no se compraron los alimentos y cambié el sistema. Este sistema tiene varias cosas diferentes pero sobre todo cuatro: uno es precios máximos, hay un sistema que se hace a través la plataforma que se llama Compr.ar. La plataforma establece el precio máximo y de ahí para abajo se compra, de ahí para arriba no se compra; eso está directamente en el esquema que establece la propia secretaría. Segundo, se hace a través de una plataforma pública. No se convoca a algunos, es automáticamente a través de una plataforma pública que tiene entre 600 y 800 proveedores, empresas de la economía social que producen y venden alimentos. Tercero, armamos un esquema en donde se pueden presentar propuestas por el 5% del volumen, eso es para fomentar la mayor participación y que los más chicos se pueden presentar; y finalmente, la descentralización, que es el mecanismo al que encaramos. Esta última nota se refiere a un sistema nuevo que hay que se llama Acuerdos Nacionales, que es la oficina Nacional de Contratación establece acuerdos por alimentos, por distintos tipos de productos, no lo hace el Ministerio de Desarrollo Social sino directamente la oficina Nacional de Contrataciones. Nosotros en función de lo que tenemos y no tenemos en el depósito, compramos sobre esa base. No se compró arriba de precios máximos, el sistema los rechaza de manera automática, porque antes de iniciar el proceso que hacemos nosotros o la oficina Nacional de Contrataciones, la Secretaría de Comercio fija precios máximos y sobre esa base se trabaja.
—¿Está de acuerdo con el control que ejerce el Estado por el manejo de fondos para comedores, merenderos y ollas populares?
—Sí, hay distintos tipos de controles y cinco mecanismos a través de los cuales llegan los alimentos a los barrios. Primero está la tarjeta alimentaria, después las compras centralizadas que hace el ministerio, la descentralización. También generamos fondos para descentralizar las provincias y municipios y duplicamos los fondos para los comedores escolares. Todos esos cinco componentes conforman la asistencia alimentaria. En el caso de la tarjeta tenemos un sistema de control permanente y ahí tenemos un problema con la calidad nutricional. Antes de la pandemia, el 67% de las compras era leche, carne, frutas y verduras, hoy es menos del 50%. Empeoró la calidad nutricional, tenemos cobertura, llegamos a 11 millones de personas junto con iglesias, organizaciones sociales, escuelas, con el sector privado que ha tenido un rol muy importante y ha volcado recursos de manera sustancial, pero ha empeorado la calidad nutricional. En el resto, generamos sistemas de control: creamos el ReNaCoM, que es el Registro Nacional de Comedores. Nadie sabe cuántos comedores hay exactamente la Argentina, nosotros trabajamos con la idea de que hay cerca de 10.000. En este sistema de control se buscan analizar tres cosas: la calidad nutricional, el tema del peso y talla de los chicos. Hay mucho por mejorar, pero realmente hay mecanismo de control de todo eso y, sacando la tarjeta que lo más extendido, a mi modo de ver el mecanismo de descentralización de los comedores es el mejor mecanismo y es el que vamos extendiendo.
—En una nota a Perfil usted mencionó que había más de 4,5 millones de argentinos que viven en el siglo XIX. ¿Cuál es la responsabilidad que le cupo al kirchnerismo en este problema luego de doce años de gobierno?
—En la Argentina hay 4.400 barrios donde viven cuatro millones de argentinos sin agua, sin servicios básicos, hacinados; a eso me refiero cuando digo que los argentinos viven más en el siglo XIX que en el siglo XXI. Esos 4.400 barrios surgen de una ley que se votó hace dos años que creó el Renabap, un registro que dio estos datos que estoy citando, y se constituyó un fideicomiso y una secretaría para poner en marcha el proyecto de urbanización. Esa área está en mi ministerio desde hace 15 días y vamos a encarar un proceso de urbanización de a 400 barrios por año. Realmente esta situación de 4 millones de argentinos es una deuda del conjunto del sistema político, no es que se constituyeron 4.400 barrios en una semana, en dos, en cuatro años, en ocho, en diez; es un proceso largo. Nosotros empezamos con el proceso de urbanización, esto quieredecirabrir calles, es espacios públicos, es piso de material, es el mejoramiento habitacional. Es una deuda de la política argentina que haya 4 millones de hacinados, que viven sin agua, sin servicios básicos. Empezamos a resolverlo y ya estamos en proceso de urbanización de 46 barrios.
— Unicef advirtió que en diciembre de este año la pobreza infantil en Argentina va a ser del 62,9%, son 8,3 millones de niños y niñas que van a ser pobres. ¿Qué siente cuando ve estos números?
— La situación más crítica en la Argentina es la de los niños y las niñas. Al primer semestre de este año el Indec marcó 56% de pobreza en los y las menores de 14 años, esa es la gran deuda que tiene nuestra democracia. Básicamente, achicar esa brecha implica tres cosas: la primera, y nosotros lo estamos poniendo en marcha,es que todos los chicos vayan al jardín. La forma de empezar a achicar la desigualdad es lograr efectivamente que todos los chicos y chicas de Argentina estén en salas de 3, 4 y 5 años y en jardines maternales. Nosotros generamos un programa en esa línea, lo anunció el presidente Alberto Fernández la creación de 300 nuevos jardines comunitarios. La segunda es la Asignación Universal por Hijo que se extendió, tenemos 4 millones de chicos cuyos padres cobran la asignación, hoy hay 1 millón más de chicos ahora. El tercer punto, que para mí está relacionado, es la situación de los jóvenes. En realidad, cuando la hablamos de que hay un millón y medio de jóvenes en situación crítica en Argentina, gran parte de esos jóvenes son padres. La gran deuda de la democracia es resolver el problema de la pobreza infantil arrancando por lo básico, que todos los chicos y las chicas vayan al jardín.
—Le agradecemos su participación en Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de Periodismo de Perfil y lo invitamos a cerrar el reportaje con un comentario final que usted quiera realizar.
—Cuando hablé de urbanización y de la ley, yo creo que eso va camino a ser una política de Estado. A nivel de política social hay una política de Estado en la Argentina que es la Asignación Universal por Hijo, fueron cambiando los gobiernos y está claro que lo van a sostener, ya que es un nuevo derecho. Además, urbanizar 4.000 barrios es algo de 10 años, excede un misterio,a una y a dos gestiones. Creo que vamos camino a construir la segunda política de estado en materia social, que es Renabap y eso, a mi modo de ver, es algo que se va a sostener en la Argentina gobierne quién gobierne.Y el segundo comentario que a mí me gustaría hacer, es que en los barrios populares no hay grieta. Uno va a un barrio y hay un cura, un pastor, dirigentes sociales de los más diversos poniendo el cuerpo,asistiendo en lo alimentario y hoy buscando la vuelta al trabajo, a las changas, a la actividad económica. Yo no veo grieta en los barrios.
Por Facundo Herrera y Pilar Melano
Estudiantes de Periodismo
Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL
