Política•En sesión maratónica

El oficialismo confía en tener un amplio apoyo en el Senado para aprobar la nueva Ley de Discapacidad

La Cámara alta avanza en un debate para volver permanentes los beneficios de la emergencia que vence en diciembre. Tiene apoyo de todos los bloques. Afuera del Congreso se movilizan organizaciones del sector.

Hoy 11:56

El Gobierno consiguió este jueves el quórum para abrir la sesión en el Senado y la Ley de Discapacidad es el primer tema del debate. El proyecto tiene asegurada una aprobación holgada, porque mantiene los principales puntos de la emergencia en discapacidad que vence en diciembre. La sesión, presidida por Victoria Villarruel, comenzó pasadas las 11 y se anticipa larga: el temario acordado el miércoles en la reunión de labor parlamentaria incluye más de veinte órdenes del día y la sesión podría durar unas 18 horas.

La sesión de este jueves llega un día después de que el Gobierno fracasara en Diputados, donde no pudo avanzar con la ley de soberanía sobre Malvinas y con la reforma del Banco Central. En el Senado, en cambio, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ordenó una agenda con temas de consenso al frente y dejó para más tarde los proyectos que generan más tensiones, como el de Propiedad Privada y el Tratado de Patentes con Estados Unidos.

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El proyecto de discapacidad llegó al recinto con dictamen de mayoría sin cambios respecto del texto que aprobó Diputados, también por amplia mayoría. Retoma en gran parte los beneficios de la Ley 27.793, la emergencia que el Congreso sancionó en 2025 y sostuvo después del veto de Javier Milei. La diferencia de fondo es que el nuevo texto deja de lado el carácter de emergencia y transitorio, así que las medidas pasan a ser permanentes. Además, se eliminaron los artículos del Presupuesto 2027 que afectaban al sector. En el acta de labor parlamentaria el proyecto todavía figura como “Prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad”.

En cuanto a las pensiones, la ley fija una pensión no contributiva equivalente al 70% de la jubilación mínima, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito. Se puede cobrar junto con un empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Los beneficiarios tienen cobertura médica básica a través del programa Incluir Salud, y la ley prevé un sistema para recuperar las pensiones suspendidas, uno de los reclamos más fuertes del sector en los últimos dos años.

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Patricia Bullrich y José Mayans, del oficialismo y la oposición, enfrentan una sesión martónica en el Senado. | Crédito: NA

Para los prestadores, el texto establece un nomenclador único de prestaciones y aranceles que se actualiza automáticamente con la movilidad jubilatoria. Las deudas que existan cuando la ley entre en vigencia deberán tener un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelarse en un plazo de 90 días. Ese fue el punto que más reclamaron las instituciones, transportistas y terapeutas, que denunciaron atrasos en los pagos y aranceles congelados frente a la inflación.

Sobre el financiamiento, la ley prevé un presupuesto detallado para el área dentro del Ministerio de Salud y establece que el Tesoro cubra la diferencia si los fondos no alcanzan. El Gobierno se compromete además a que el ingreso de cada beneficiario no pierda poder de compra de un año a otro. A la vez, el texto suma controles que el oficialismo considera centrales: la Agencia Nacional de Discapacidad cruzará datos con ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS, y podrá suspender beneficios de forma preventiva ante incumplimientos claros, con aviso previo y restitución provisoria.

La escena tiene una lectura política. El mismo Gobierno que vetó la emergencia en discapacidad y la presentó como un riesgo para el equilibrio fiscal ahora impulsa, a través de Bullrich, una ley que hace permanentes casi todos sus beneficios. A cambio, se lleva el capítulo de auditorías y cruces de datos que buscaba desde el escándalo de las pensiones por invalidez. Para la oposición, en cambio, la votación confirma que el sector consiguió imponer su agenda en el Congreso.

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Mientras tanto, frente al Congreso se concentró desde las 11 la movilización convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La organización sostuvo que garantizar derechos “exige decisiones políticas, recursos suficientes y un compromiso efectivo del Estado”, y citó las palabras del papa León XIV durante su reciente visita al país sobre la acogida a las personas con discapacidad.

Después de discapacidad, la sesión sigue con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), requisito del acuerdo comercial con Estados Unidos y cuestionado por los laboratorios nacionales. Siguen el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que volvió de Diputados con cambios y restablece los límites de la Ley de Tierras de 2011, el régimen de cabotaje y marina mercante, y la Ley Joaquín, sobre seguridad en equipamientos deportivos. También está la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, donde el CELS objetó la candidatura de Fernando Zarabozo. Es la primera de tres sesiones que el oficialismo programó para el cierre del período ordinario: el 25 está previsto el informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el 26, la votación de la reforma electoral.

MC

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