El exintegrante de las Brigadas Rojas Leonardo Bertulazzi, de 74 años, se fugó este martes del departamento en el que cumplía arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo. El italiano, condenado en su país a 27 años de prisión, era monitoreado con una tobillera electrónica y aguardaba que se concretara su extradición.
Según fuentes judiciales y policiales, el hombre escapó utilizando un arnés con el que descendió desde el balcón de su vivienda, ubicada en un quinto piso, hasta un terreno baldío lindero. La ausencia fue advertida durante un cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodiaban el domicilio.
El sistema de vigilancia no detectó inicialmente la fuga. De acuerdo con fuentes oficiales, Bertulazzi habría manipulado la tobillera electrónica mediante un dispositivo que permitía alterar los registros de temperatura corporal, latidos y humedad, para simular que continuaba en el departamento.
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Cuando los agentes advirtieron que el detenido no registraba movimientos, se dirigieron a la vivienda y encontraron el lugar vacío. Allí también hallaron el aparato utilizado para engañar al sistema de monitoreo. En un primer momento, los policías sospecharon que la tobillera podía haber sido modificada para funcionar como un explosivo, por lo que convocaron a especialistas.
La División Explosivos y la Unidad de Búsqueda de Evidencias de la Policía Federal intervinieron en el lugar y descartaron esa posibilidad. Tras confirmar que se trataba de un mecanismo para mantener activa la medición de la temperatura corporal, las autoridades pusieron en marcha un operativo para localizar al prófugo.
La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini, que ordenó nuevamente su detención inmediata. Mientras tanto, la Policía Federal analizaba las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido y establecer en qué momento se desprendió del dispositivo.
La condena y su historia en las Brigadas Rojas
Bertulazzi integró durante la década de 1970 la columna de Génova de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que llevó adelante atentados, secuestros y asesinatos en Italia. Fue condenado a 27 años de prisión por su pertenencia al grupo y por su participación en el secuestro del empresario industrial Pietro Costa, ocurrido el 12 de enero de 1977.
Costa, vinculado con una familia de la industria naval, permaneció cautivo hasta fines de marzo de ese año, cuando recuperó la libertad tras el pago de un rescate. Según publicó el medio italiano Leggo, una parte del dinero obtenido habría sido utilizada para comprar el departamento de Roma donde, un año después, estuvo secuestrado el exprimer ministro Aldo Moro, asesinado en 1978. Bertulazzi no participó de ese último episodio porque se encontraba detenido.
Las penas que recibió el italiano surgieron de dos sentencias dictadas en ausencia por tribunales de su país: una del Tribunal de Apelación de Milán, en 1985, que estableció 19 años de prisión, y otra de la Corte de Apelación de Génova, que fijó una condena de 15 años. Ambas fueron unificadas.
Sus antecedentes en Argentina y el proceso de extradición
Bertulazzi llegó a la Argentina en 2002 y fue detenido por primera vez al año siguiente. Sin embargo, recuperó la libertad después de ocho meses, debido a que la legislación vigente en ese momento no permitía extraditar a personas condenadas en ausencia.
En 2004 obtuvo el reconocimiento como refugiado político, condición que le permitió permanecer en el país durante años. Durante ese período llegó a contar con DNI argentino, declaró un domicilio en San Telmo y se registró ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para realizar actividades comerciales.
La situación cambió en 2024, cuando perdió el estatus de refugiado político y se reactivó el pedido de extradición presentado por Italia. Fue detenido el 29 de agosto de ese año y quedó bajo arresto domiciliario mientras avanzaba el procedimiento judicial.
En julio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por su defensa, a cargo del abogado Rodolfo Yanzón, y dejó firme la posibilidad de concretar su entrega a las autoridades italianas. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal le concedió la prisión domiciliaria por su edad y por razones vinculadas con su estado de salud.
PC
