Esta semana declaran los padres imputados por las tomas escolares

Un mes después de que el fiscal Carlos Rolero imputara a 43 padres de chicos que el año pasado tomaron seis escuelas secundarias de la Ciudad, esta semana comenzarán las declaraciones. La causa se demoró porque la Asesoría General Tutelar le pidió al Juzgado de Menores Nº 11 que se haga cargo del proceso con la intención de archivarlo rápidamente, dado que los menores no pueden ser imputados, explican desde la defensa de los familiares de los alumnos.

Sin embargo, fuentes cercanas al juez de menores Marcelo Bartumeu Romero confirmaron a PERFIL que rechazó su intervención. Ahora, el Juzgado Nº 2 resolverá si aplica la pena, que podrían ser $ 10 mil de multa o realizar trabajos comunitarios.

Las tomas a las que el fiscal Rolero hace mención en su causa sucedieron en la Escuela Superior de Educación en Artes Visuales “Rogelio Yrurtia”, en el Normal Superior Nº 1, Normal 5, Normal Nº 6, en la Escuela Mariano Moreno y en la Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken. “Para nosotros el diálogo es la mejor opción”, dice Hugo del Barrio, vicerrector del Hicken, en rechazo a la judicialización.

Leonardo Rodríguez es uno de los padres imputados, y afirma que siente “mucha pena”: “Quieren que quede en la memoria que si protestás, te judicializan”, asegura, y recuerda la toma que realizó su hijo en el Rogelio Yrurtia. “Se quedaron a la noche en la escuela para apoyar la legalización del aborto”, dice. “Nosotros acompañamos los reclamos y les damos consejos para que reclamen por sus derechos”, cuenta Mariana, madre de otra alumna del Mariano Moreno. “Estoy preocupada porque criminalizan a los chicos y porque el fiscal circuló mis datos personales”, agrega. Se enteró de que estaba imputada por el llamado de un medio televisivo.

Para Soledad Acuña, ministra de Educación e Innovación porteña, “las tomas son una medida de fuerza que rompe el vínculo de convivencia de una escuela”. “Si una familia avala una toma, debe hacerse responsable ante la Justicia porque queda escrito en un acta”, dice la ministra, que desmiente que la causa sea un accionar de su cartera para resolver un problema que se repite.

“Si la causa avanza, vamos a ir a juicio porque las imputaciones son insostenibles”, asegura Gabriel Lerner, abogado que representa a siete familias. “En materia penal contravencional, las responsabilidades no pueden ser desplazadas de hijos a padres, como sí sucede en el ámbito civil”.

Lorena García es abogada y forma parte de la agrupación Familias x la Escuela Pública. “Como tenemos contacto con todas las escuelas de la Ciudad, apenas nos enteramos de las imputaciones ya había 12 padres que estaban en nuestra organización”, cuenta García, que también les brinda asesoramiento legal. La semana anterior, García fue junto a los padres imputados al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que después de Semana Santa enviarán un repudio al Ministerio de Educación sobre esta causa.