En menos de dos semanas, la Cámara Federal de la Seguridad Social con asiento en la ciudad de Buenos Aires dictó tres sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández y vigente formalmente entre 2021 y junio de 2024.
Si bien todos los jubilados y pensionados perdieron poder de compra bajo ese esquema, el deterioro fue mucho más pronunciado, llegando a superar el 50%, para quienes perciben haberes superiores al mínimo por haber aportado más y quedaron excluidos de los bonos compensatorios.
Los últimos dos pronunciamientos revelan criterios diferentes sobre el alcance de la reparación económica. Por un lado, en el expediente “Pena, Dora Yolanda c/ Anses s/ Reajustes varios”, la Sala I, integrada de manera subrogante por los jueces Fernando Strasser, Sebastián Russo y Juan Fantini ante las vacantes del tribunal, ordenó una compensación acotada: dispuso comparar la movilidad otorgada por la ley cuestionada contra la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) únicamente entre octubre de 2023 y junio de 2024, sumando al haber mensual las diferencias más los intereses retroactivos.
Por otro lado, en una demanda individual iniciada por Carmen Galletta contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, de la Sala II, revocaron un fallo de primera instancia y ordenaron recalcular el haber de la demandante entre enero de 2021 y junio de 2024 aplicando el mecanismo de actualización utilizado durante la gestión de Mauricio Macri.
De este modo, la compensación fijada a favor de la demandante resulta meramente parcial. Tal como sucede habitualmente en los litigios previsionales, los alcances del fallo rigen exclusivamente para quien promovió el juicio, sin perjuicio de que el Gobierno apele la resolución ante la Corte Suprema de Justicia, instancia donde ya aguardan definición otras causas por el mismo reclamo.
En cuanto al recorte temporal del período de vigencia de la ley 27.609, si bien es cierto que durante 2021 los aumentos trimestrales calculados con la fórmula impugnada superaron levemente a la inflación —tal como señala el propio tribunal—, también está comprobado que entre comienzos de 2022 y septiembre de 2023 las jubilaciones quedaron por debajo de la suba de precios en cada trimestre. Esto generó una pérdida acumulada del 23,8% en el poder adquisitivo de los haberes que, según lo resuelto en la sentencia, quedará sin reparación.
Por otro lado, la inclusión del segundo trimestre de 2024 dentro del cálculo comparativo termina perjudicando la mejora final de los ingresos, dado que en esos meses los haberes crecieron por encima de los precios en el marco de una etapa de transición normativa regida por pautas particulares y transitorias.
La sentencia de la Sala 1 de la Cámara —encargada de revisar las apelaciones de los juzgados de primera instancia— corresponde al expediente “Pena, Dora Yolanda c/ Anses s/ Reajustes varios”. El fallo presenta además un rasgo institucional singular: los magistrados firmantes son, en realidad, titulares de otras salas que actúan como subrogantes en la 1. Se trata de Fernando Strasser y Sebastián Russo, integrantes de la Sala 3, junto con Juan Fantini, de la Sala 2, debido a que la Sala 1 carece actualmente de jueces designados tras el retiro de sus anteriores miembros.
Génesis del conflicto
El conflicto judicial tiene su origen en diciembre de 2020, cuando el Congreso sancionó la ley 27.609, impulsada por el gobierno de Alberto Fernández. Esa norma reemplazó la fórmula de movilidad aprobada durante la gestión de Mauricio Macri —que ajustaba los haberes combinando en un 70% la inflación y en un 30% la variación salarial— por un nuevo esquema trimestral basado únicamente en la evolución de los salarios y la recaudación tributaria de la ANSES, sin ningún tipo de cláusula gatillo ni piso de garantía frente a la suba de precios.
A partir de 2022, con la fuerte aceleración inflacionaria en la Argentina, la fórmula de la ley 27.609 comenzó a quedar sistemáticamente por detrás del costo de vida. Para intentar contener el deterioro social en los sectores más vulnerables, el Ejecutivo recurrió al pago discrecional de bonos mensuales fijos, pero esos refuerzos alcanzaron únicamente a quienes percibían el haber mínimo. Como consecuencia, los jubilados y pensionados que habían realizado mayores aportes a lo largo de su vida laboral y cobraban por encima de la mínima quedaron excluidos de las compensaciones y sufrieron una pérdida real de su poder adquisitivo que superó el 50% hasta la derogación de la ley.
Ese escenario desató una ola masiva de demandas individuales de reajuste ante los juzgados federales de la Seguridad Social, en las que miles de pasivos reclamaron la inconstitucionalidad de la normativa por considerar que violaba el derecho constitucional a la movilidad jubilatoria y el carácter sustitutivo del haber. La situación recién se modificó en marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei dispuso por decreto (DNU 274/24) el fin de aquel mecanismo y estableció a partir de julio de 2024 una actualización mensual atada directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), tras un trimestre de transición entre abril y junio de ese año.
Tras superar las instancias iniciales de litigio, los primeros expedientes comenzaron a llegar este mes a la Cámara Federal de la Seguridad Social, donde las tres salas que integran el tribunal empezaron a emitir sentencias de fondo que coinciden en declarar inconstitucional la ley 27.609, aunque mantienen criterios divididos sobre cómo reparar el daño causado. Mientras un sector de los camaristas propone reajustar todo el período de vigencia de la ley aplicando la fórmula anterior indexada por inflación, otro bloque limita la compensación únicamente al tramo final entre octubre de 2023 y junio de 2024. Dado que los fallos tienen alcance individual y representan un fuerte impacto fiscal si se multiplican, la definición definitiva quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ya esperan resolución decenas de causas testigo sobre el mismo tema.
Los argumentos de la Justicia para declarar inconstitucional la fórmula previsional anterior y exigir una reparación
La cuestionada ley 27.609 determinaba los aumentos en función de la evolución salarial y de la recaudación de impuestos con asignación específica a la ANSES, sin contemplar la inflación y estableciendo además un tope anual desconectado del poder de compra real. La aplicación de ese techo terminó profundizando, especialmente en diciembre de 2023, el deterioro que ya arrastraban los ingresos previsionales.
Al fundamentar su voto en la resolución dictada en las últimas horas, el camarista Sebastián Russo delimitó el alcance de la intervención judicial y puso el foco en el impacto concreto sobre los beneficiarios. “No es materia del juez expedirse respecto de la política de movilidad, sino verificar si el resultado de su implementación afecta al núcleo del derecho protegido por nuestra Carta Magna”, sostuvo el magistrado, quien remarcó que la clave pasa por evaluar “si se ha producido un deterioro sustancial del haber al extremo que se vuelve ilusoria la protección constitucional” vinculada a la movilidad jubilatoria.
Asimismo, la sentencia subraya que el cambio de esquema dispuesto por el actual Gobierno mediante subas mensuales atadas a la inflación no saldó el perjuicio acumulado bajo la ley 27.609, normativa en cuya elaboración tuvo injerencia en su momento la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. A través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274, actualmente en vigor, se fijó que los haberes se actualicen cada mes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes. “El haber ya depreciado pasó a ser la base de cálculo del nuevo sistema y así la pérdida quedó consolidada”, advierte el tribunal, dejando en claro que “la insuficiencia del empalme no es transitoria” y que “la reparación de ese perjuicio es independiente de la movilidad que corresponde aplicar de ahora en adelante”.
Por su parte, el juez Juan Fantini ratificó el criterio que ya había expuesto en otro expediente resuelto la semana pasada y planteó una reparación integral sin recortes en el tiempo. Según su postura, el haber de la jubilada demandante debe ser redeterminado desde marzo de 2021 sin la limitación temporal que aplicaron sus colegas, tomando como parámetro de recomposición no el IPC, sino la fórmula previsional sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Para respaldar esa solución, Fantini recordó en sus fundamentos de la causa Aguirre que la propia Corte Suprema de Justicia ya había convalidado el esquema de actualización de la ley 27.426, que rigió entre 2018 y 2019, al desestimar un planteo de inconstitucionalidad en diciembre de 2025, cuando el máximo tribunal se pronunció en el expediente “Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ Anses”.
En el interior del país, también se han dictado distintas sentencias en los últimos años, que ordenaron reparar el daño causado a los demandantes, por ejemplo, en Mendoza, Mar del Plata, Salta, Córdoba, Bahía Blanca y Tucumán.










