La actualización de los créditos laborales tuvo recientemente un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó en claro el criterio a utilizar. El máximo tribunal del país resolvió que, a partir de la sanción y entrada en vigencia de la Ley N° 27.802 ("Ley de Modernización Laboral") el 6 de marzo de 2026, debe aplicarse el cálculo estipulado en el artículo 55 de la norma. Lo hizo al decidir sobre varios expedientes que llegaron en casación luego de pronunciamientos de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El criterio de cálculo que decidió la Corte es diferente al fijado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) en la causa “Manzanelli, Ana María c/ Martínez, Roberto Fernando - Ordinario- Despido”.
Diferencias de criterio
La disimilitud entre ambos estamentos judiciales radica centralmente en la eficacia temporal de la ley sobre causas pendientes. La Corte entiende que las reglas del artículo 55 de la Ley 27.802 constituyen pautas unificadas de orden público de inmediata aplicación a los créditos de causas en trámite sin sentencia firme. El TSJ de Córdoba interpretó, por el contrario, que la Ley 27.802 rige de forma inmediata pero no retroactiva. Así, la tasa pasiva del BCRA dispuesta por el artículo 55 rige únicamente desde el 6 de marzo de 2026 en adelante, conservando para el lapso anterior los intereses fijados por la doctrina provincial previa.
De este modo, mientras la Corte nacional encomienda dictar nuevos fallos con arreglo directo al sistema de topes y tasas de la Ley 27.802, la Justicia laboral cordobesa preserva la aplicación de sus tasas jurisprudenciales locales para el período transcurrido antes de la sanción de la ley.
La jurisprudencia de la Corte Suprema coloca ahora a los tribunales de Córdoba ante un nuevo escenario. ¿En fallos posteriores el TSJ deberá modificar el criterio que utilizó y generó resistencia en el sector laboral?
Jurisprudencia de la Corte
El máximo tribunal se pronunció en la causa “Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ Unir SA y otros s/ despido” (junto a expedientes acumulados como “Ramírez”, “Ramos”y “Romero”). La resolución es del 5 de noviembre último.
El fallo dejó sin efecto pronunciamientos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala II) que habían declarado la inconstitucionalidad de la prohibición de indexación que habían fijado las leyes 23.928 y 25.561 y dispuesto actualizar capitales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.
El máximo tribunal del país —con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— consideró que el dictado de la Ley 27.802 torna “inoficioso” expedirse sobre la validez constitucional de las normas que prohíben la repotenciación. La Corte destacó que el artículo 55 de la norma laboral establece pautas de orden público y de aplicación obligatoria para juicios en trámite sin sentencia definitiva firme.
Los puntos a tener presente para el cálculo son los siguientes.
Tasa pasiva del BCRA: Ajuste de intereses moratorios según la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina para el período correspondiente.
Tope máximo: En ningún caso el resultado puede superar el importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC-Indec) más un interés del 3% anual.
Piso mínimo: El valor resultante no puede ser inferior al 67% del cálculo obtenido mediante la pauta del IPC más el 3% anual.
La CSJN dispuso la devolución de las actuaciones al tribunal de origen para que se dicten nuevos fallos ajustados a los parámetros de la nueva ley.
Jurisprudencia del TSJ de Córdoba
La Sala Laboral estableció una vigencia diferenciada y la irretroactividad del cálculo. La sentencia fue dictada el 23 de septiembre de 2026 en los autos “Manzanelli, Ana María c/ Martínez, Roberto Fernando s/ Ordinario - Despido”. Allí adoptó una postura diferenciada respecto a la aplicación en el tiempo de la misma norma.
Con el voto del vocal Luis Eugenio Angulo —al que adhirieron Luis Enrique Rubio y Domingo Juan Sesín—, el alto cuerpo cordobés resolvió que la Ley 27.802 no posee efecto retroactivo. En consecuencia, estableció un criterio diferido para el cálculo de los accesorios en las acreencias laborales:
Para los tramos devengados antes de la entrada en vigencia de la reforma (6 de marzo de 2026), se mantienen los intereses moratorios fijados por la jurisprudencia previa de la propia Sala Laboral (precedente “Seren…”).
Para el período a partir del 6 de marzo de 2026 resultan emplazados los intereses dispuestos por el artículo 55 de dicha ley (tasa pasiva del BCRA).
El TSJ cordobés sustentó su razonamiento en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que consagra la irretroactividad de las leyes salvo disposición expresa en contrario. Angulo sostuvo que la expresión "para el período correspondiente" en el artículo 55 de la Ley 27.802 indica que la tasa pasiva se aplica únicamente sobre el tramo posterior a la vigencia del texto legal, sin afectar las situaciones y efectos procesales producidos bajo la norma anterior.
