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Milei modificó el RIGI y habilitó a empresas extranjeras como proveedores locales, afectando a la industria nacional

El Decreto 1366/2026 eliminó la exigencia de contar con al menos un 51% de participación accionaria nacional para acceder a determinados beneficios del régimen. La consultora Paspartú advirtió que la modificación podría perjudicar al entramado productivo argentino.

Milei modificó el RIGI y habilitó a empresas extranjeras como proveedores locales, afectando a la industria nacional
CEDOC | Cambios en las transferencias de acciones, las fusiones empresariales, los compromisos de inversión y el acceso al mercado de cambios.
Hoy 13:06

El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y flexibilizó las condiciones para que empresas con capital extranjero puedan ser consideradas proveedores locales de los proyectos beneficiados. La medida busca ampliar la participación de proveedores radicados en Argentina, aunque abrió interrogantes sobre su impacto en las empresas de capital nacional.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial del lunes de noviembre, a través del Decreto 1366/2026, con las firmas del presidente Javier Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo. En este, el Ejecutivo introdujo cambios en las transferencias de acciones, las fusiones empresariales, los compromisos de inversión y el acceso al mercado de cambios.

La nueva disposición modifica distintos artículos del Decreto 749/2024, que reglamentó el RIGI establecido por la Ley de Bases 27.742. Según los fundamentos oficiales, los cambios responden a la experiencia acumulada durante la implementación del régimen y apuntan a precisar las condiciones de acceso a sus beneficios, además de facilitar la continuidad de los proyectos cuando se producen modificaciones en sus estructuras societarias.

Entre los cambios más relevantes aparece la eliminación del requisito de participación mayoritaria de capital nacional para reconocer a una empresa como proveedor local.

A partir de ahora, las personas jurídicas deberán estar constituidas y domiciliadas en Argentina, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas. La modificación también alcanza a las empresas que prestan servicios, mientras que aquellas que suministran bienes deberán cumplir con los criterios de origen nacional establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur.

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RIGI: las empresas extranjeras podrán ser consideradas proveedores locales

La modificación del artículo 3 de la reglamentación elimina la exigencia anterior de que las empresas proveedoras domiciliadas en el país contaran con al menos el 51% de su capital social o de los votos necesarios para formar la voluntad societaria.

De esta manera, una compañía constituida y radicada en Argentina podrá ser reconocida como proveedor local, aunque sus accionistas sean extranjeros, siempre que cumpla con las demás condiciones previstas por el régimen.

El Gobierno justificó esta decisión por la necesidad de favorecer la incorporación de empresas radicadas en el país a las cadenas de suministro de los proyectos RIGI. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo señaló que busca promover una mayor concurrencia de proveedores y fortalecer los encadenamientos productivos locales, sin que la composición del capital social constituya, por sí sola, un impedimento para participar.

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Sin embargo, la modificación generó interrogantes sobre sus consecuencias para las empresas nacionales.

En un análisis de la consultora Paspartú, dirigida por el especialista en energía Juan José Carbajales, se advirtió que reconocer como locales a compañías extranjeras domiciliadas en Argentina podría terminar perjudicando al entramado productivo nacional.

El documento también planteó que el Gobierno parece reconocer la necesidad de intervenir para agilizar la participación de proveedores, mediante cambios regulatorios y rondas de negocios impulsadas por el Ministerio de Economía.

El Gobierno flexibilizó la transferencia de acciones y las fusiones de proyectos RIGI

Otro de los cambios centrales corresponde a las operaciones de adquisición, fusión y transferencia de participaciones societarias de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), las estructuras mediante las cuales se desarrollan las inversiones adheridas al régimen.

El decreto establece que cualquier tercero podrá adquirir acciones de un VPU sin que esa operación modifique automáticamente los derechos y beneficios del proyecto. Sin embargo, el dinero destinado a comprar esas participaciones no podrá contabilizarse como inversión en activos computables para cumplir los montos mínimos exigidos.

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La normativa también establece límites para evitar que un VPU incorpore proyectos ajenos a la inversión originalmente aprobada. Las adquisiciones o fusiones que involucren dos o más proyectos RIGI necesitarán autorización de la autoridad de aplicación y quedarán sujetas a los derechos y obligaciones correspondientes al proyecto con la fecha de adhesión más antigua. Además, el organismo podrá imponer condiciones adicionales para aprobar la operación.

En el caso de las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos, las transferencias de participaciones deberán informarse dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción en el Registro Público. La autoridad de aplicación tendrá 30 días corridos para formular observaciones y, si no lo hace, la operación se considerará conformada. Paspartú advirtió que esta flexibilización incorpora una instancia de revisión administrativa que no existía al momento de la adhesión de los 27 VPU que, según su análisis, ya habían sido aprobados.

Nuevos requisitos de inversión y cambios para acceder al mercado de dólares

El decreto también introduce modificaciones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), al distinguir entre el monto mínimo de inversión exigido para el proyecto completo y los compromisos correspondientes a cada una de sus etapas. La reglamentación establece una fecha límite para alcanzar la inversión mínima total, que deberá guardar relación con las prácticas habituales del sector, sin alterar las obligaciones previstas para las distintas fases de ejecución.

Por otra parte, las denominadas Sucursales Dedicadas podrán reorganizarse como sociedades anónimas o sociedades anónimas unipersonales, mediante la transferencia de los activos, pasivos, derechos y obligaciones vinculados al proyecto. Estas operaciones requerirán autorización previa, pero no implicarán una nueva adhesión al RIGI ni modificarán los plazos, beneficios o compromisos de inversión originalmente aprobados.

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Además, el Gobierno amplió las posibilidades de computar divisas ingresadas desde el exterior para determinadas condiciones de acceso al mercado de cambios. La nueva reglamentación permite considerar aportes de capital y financiamiento externo realizados por accionistas, socios y otras empresas vinculadas a los VPU, siempre que los fondos se destinen efectivamente al proyecto y exista documentación contable que garantice su trazabilidad.

Por último, el Banco Central podrá establecer las condiciones correspondientes, con las excepciones previstas para determinados pagos de intereses y dividendos. De esta manera, el Ejecutivo busca facilitar el financiamiento y la reorganización de las grandes inversiones, mientras persisten las dudas sobre cómo impactará la nueva definición de proveedor local en la participación de las empresas argentinas.

GZ / lr

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