Mientras el agua como commodity empieza a cotizar en futuros de Wall Street, el 13% de la población argentina no tiene acceso a uno de los elementos más importantes para la vida, según señalaron en un informe elevado al relator de derechos humanos y ambiente las mujeres rurales de comunidades campesinas e indígenas, que son en su mayoría las encargadas de acarrear y gestionar el agua para sus familias.
En Argentina, 5,3 millones de personas no tienen acceso al agua potable dentro de su vivienda y cerca de 1 millón no lo tiene en el perímetro de su terreno. Los datos provienen del Censo Nacional 2010, a la espera de que se actualice, operativo postergado por la pandemia. En el total de población representa el 13% pero en la región del Gran Chaco (Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, entre otras), alcanza el 41% de hogares sin agua. Así lo señalaron desde ENI Argentina, una organización que busca promover políticas públicas para garantizar el acceso al agua y la tierra integrada por la Coalición Internacional por la Tierra (ILC) y sus representantes en el país: Fundapaz, Fundación Plurales, Redes Chaco y Federación Agraria.
En las áreas sin agua de red, los pobladores pagan hasta ocho veces más que en las zonas urbanas o deben caminar hasta 6 horas diarias para conseguir el agua para consumo de fuentes no seguras. “La tarea de acarreo de agua recae generalmente sobre las mujeres y niños”, señalan en base a datos de Fundaciones Plurales.
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En la Argentina, el acceso al agua trae un panorama complejo porque “la gestión con un sistema federal supone entender que existen 24 formas diferentes de gestionar este servicio. No hay una ley nacional que regule el servicio, sino que cada una de las provincias tiene potestad para normalizar al respecto”, indicaron en el informe elevado a David Boyd de Naciones Unidas.
Con ese escenario, esta semana se presentó el Monitoreo de recomendaciones de Naciones Unidas, donde los temas priorizados por las mujeres rurales de comunidades campesinas e indígenas incluyen el acceso al agua, que durante la pandemia fue puesto de relieve por su “estado crítico” para hacer frente a recomendaciones de cuidado básicas como el lavado de manos. En esa misma línea está el acceso a la salud. “Siguen estando centrados en la atención primaria y no tienen especialistas”, explica el informe.
El tercer punto es poder recurrir a la Justicia en las zonas rurales. “Hay poca información sobre violencia de género en los gobiernos locales y no se encuentran en formatos accesibles o lenguas indígenas”, plantean los integrantes de la ILC.
La autonomía económica de las mujeres es “donde más acciones se desarrollaron” de la mano de los programas de asistencia estatal pero, pese a eso, señalan dificultades para acceder a los beneficios.
En el caso de violencia de género, las mujeres manifiestan “lenta o nula implementación en las provincias. Los casos aumentaron con la pandemia y la situación empeoró significativamente”, detallaron en la presentación.
Tierras. El sexto punto es el acceso a la tierra, donde “no se observan avances. Las actividades extractivas se incrementaron durante la pandemia y las mujeres vieron dificultades para defender su territorio”, remarcaron.
En esa línea, la semana pasada la organización Vamos a Zoomar, en un evento organizado con Techo y Familia Bercomat, detallaron que durante el primer semestre del año no se detuvieron los desmontes. Se deforestaron 39 mil hectáreas según los datos de Greenpeace.
La ONU estima que las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial. Del total de la tierra del mundo sólo el 2% es propiedad de las mujeres, y reciben únicamente el 1% del crédito para la agricultura. A pesar de representar más de un tercio de la población mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sólo el 30% de las mujeres rurales poseen tierras agrícolas, y no tienen acceso a los medios de producción.
