Un proyecto para que las obligaciones alimentarias –habituales en casos de divorcio o separación– puedan actualizarse según la evolución de los precios tuvo el visto bueno en comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados y está listo para ser tratado en el recinto.
La iniciativa la promueve la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos). Hoy las obligaciones alimentarias están alcanzadas por la Ley 23.928 de 1991 que prohíbe su actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas. Esto “obliga a las personas más vulnerables a recurrir a la justicia una y otra vez a los fines de que la cuota alimentaria no quede desactualizada. El trámite de estos procesos judiciales insume tiempos prolongados en los que la prestación se mantiene invariable, lo que implica un menoscabo en los derechos alimentarios de estas familias”.
“En la mayor parte de los conflictos por alimentos, son las mujeres las que afrontan el sostenimiento y el cuidado de hijos, hijas e hijes. La perspectiva de género transversal a todo el ordenamiento jurídico es fundamental para legislar hacia la igualdad”, destacó Álvarez Rodríguez.
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En el contexto de alta inflación local, la propuesta apunta a que las madres puedan solicitar a los juzgados que fijen pautas de actualización, evitando de este modo tener que iniciar todo el tiempo juicios de aumento de cuota alimentaria”.
