El divorcio los sorprendió separados por un cordón policial, en la puerta de la sede de la Policía Federal de Curitiba donde declaró Sérgio Moro. Compañeros de ruta hasta hace una semana, la explosiva renuncia del ex ministro de Justicia al gobierno fue un quiebre en el oficialismo entre bolsonaristas y lavajatistas que podría tener consecuencias institucionales decisivas para el futuro político de Brasil.
“El combate a la corrupción no es prioridad del gobierno”, disparó el viernes Moro en una entrevista exclusiva en Veja, en la que prometió presentar pruebas de su denuncia contra Jair Bolsonaro por supuesta obstrucción de la justicia. El presidente respondió este sábado 2 de mayo, llamando a su ex ministro estrella con un mote bíblico: “Judas”.
Si el Supremo Tribunal Federal (STF) comprueba que el presidente cometió un crimen, podría ser destituido del cargo e, incluso, encarcelado. Si, por el contrario, concluye que las denuncias de Moro fueron infundadas, al ex ministro podrían imputarlo por calumnias. El ex juez, que todavía no concluyó con su declaración, también enfrenta otro dilema: cómo apuntar contra su ex jefe político, sin auto incriminarse.
Tras la explosiva renuncia, un debate se instaló en Brasil: ¿habrá impeachment a Jair Bolsonaro? Pese a que el presidente habría cometido “crímenes de responsabilidad”, como se define a las causales para impulsar el juicio político, aún no se alinearon todos los planetas para que avance y prospere ese proceso. Tienen que coincidir cuatro factores para que el impeachment pase de las especulaciones periodísticas a la realidad.
- Una crisis económica
- Decisión política del Parlamento
- Justificación jurídico/política (crimen de responsabilidad)
- Clamor popular por el juicio político.
En el escenario actual están dadas las condiciones 1 y 3, pero aún no la 2 y 4. El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, tiene en su despacho al menos 19 pedidos de apertura de impeachment, pero se resiste a examinarlos, a la espera de que cambie el humor de la opinión pública y haya un consenso en el Congreso a favor de la jugada.
Según la última encuesta de Datafolha, un 45% está a favor del juicio político y un 48% en contra, mientras que un 33% aprueba la gestión del gobierno y un 38% la rechaza. El bolsonarismo está muy activo en las calles, pidiendo una intervención militar y el cierre del Congreso, mientras que los opositores cumplen la cuarentena en sus casas. Un empate catastrófico congela el statu quo, permitiendo la supervivencia de Bolsonaro.
El presidente negocia un acuerdo político con el “Centrão”, un bloque de partidos tradicionales que, de sumarse a la coalición de gobierno, aportaría cerca de 200 diputados y frenaría un eventual impeachment. De concretarse, la jugada conlleva dos problemas: alejaría a Bolsonaro de la “antipolítica” que tanto seduce a su grupo más radical de seguidores y, además, reavivaría la tensión entre la tecnocracia de su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, y los nuevos socios de gobierno, que ya pusieron precio para garantizar su apoyo. Los políticos tradicionales, acostumbrados al toma y daca de Brasilia, quieren cargos y presupuesto (es decir, poder y dinero). Bolsonaro tiene el problema de la manta corta: el escudo legislativo le quita apoyo popular y, además, lo obliga a redistribuir “riqueza” en un gabinete marcado por la puja entre facciones, mientras que la lucha de calle menoscaba su influencia en las instituciones.
Qué tiene que pasar para que haya un 'impeachment' a Bolsonaro
Más allá de ese dilema, el principal punto débil del presidente sigue siendo sus hijos. El senador Flavio Bolsonaro es investigado por la Policía Federal (PF) por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero de las milicias, que, a su vez, son investigadas por el asesinato de la concejala Marielle Franco. Carlos Bolsonaro, por su parte, está en la mira del Supremo Tribunal Federal (STF) por el desvío de fondos públicos para financiar campañas sucias en las redes contra opositores, jueces y periodistas. Y el diputado Eduardo Bolsonaro tiene al menos cuatro denuncias en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, que, de ser aprobadas en el recinto, culminarían con su destitución. ¿Impulsará Maia un “proxy impeachment” al diputado para enviar una señal al Palacio del Planalto? Aún es pronto para saberlo.
Si el acuerdo con el Centrão prospera, Eduardo y el propio Jair estarían más protegidos y la influencia de Maia en el Congreso sería recortada. El gran interrogante, entonces, es qué pasará en la Justicia. El presidente sabe que allí se define el partido y, por eso, exoneró a Maurício Valeixo de la Polícia Federal. Una larga investigación contra él y sus hijos podría inclinar la cancha a favor del impeachment, erosionando su aprobación. El presidente quiere evitar una demolición jurídico mediática como sufrió Dilma Rousseff en sus últimos meses en el poder.
El coronavirus agrega tensión con sus muertes a la situación politica, y esta semana el presidente se enojó con quienes le cuestionaban que su falta de previsión de la pandemia esté provocando centenares de victimas, contestando "y qué quieren que haga":
El área chica, allí donde Bolsonaro no puede cometer más errores, es la política económica. Su obsesión por reanudar la actividad cuanto antes y aminorar el impacto de la inevitable recesión no es casualidad. Para que haya un impeachment, la recesión debe golpear antes el bolsillo de los brasileños de una forma tal que ni el bolsonarismo radical ni el Centrão sirvan de escudo para evitar la destitución.
Economía, Congreso, Justicia, y opinión pública, son los cuatro factores que decidirán la suerte de Bolsonaro.
