En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad decidió reforzar la seguridad de los tres jueces del Tribunal Oral Federal que juzga a Cristina Kirchner por la causa de la obra pública. El pedido fue realizado por la Corte Suprema de Justicia e involucra a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
Este refuerzo en la seguridad se vincularía a una serie de Tweets en los que se instaba a los manifestantes a indagar sobre los domicilios de los jueces y fiscales para ejercer presión en la causa. “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelorron [sic] de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede” escribió un usuario.
"Jamás, ningún militante ni simpatizante de nuestro espacio político ha ido al domicilio de ningún dirigente macrista a insultarlos. Ni a la casa de Macri, ni a la de Rodríguez Larreta, ni a la de Bullrich o Vidal", escribió esta semana Cristina Kirchner luego de que manifestantes opositores protestaran frente a su departamento de Recoleta.
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Luego de tomar conocimiento del contenido de esos mensajes, la Corte Suprema elevó un pedido a la Policía Federal y un reclamo a la Cámara de Casación, que tiene a su cargo las cuestiones referidas a la organización de los tribunales orales. En ese marco, dos de los jueces tienen custodia de la PFA y el tercero es custodiado por la Prefectura.
La decisión tiene lugar después de las repercusiones del pedido de condena a 12 años de prisión para la actual vicepresidenta Cristina Fernández, y el posterior descargo que realizó la ex mandataria a través de un video de YouTube.
En su exposición, Cristina se refirió a Giménez Uriburu de forma directa, pero también hizo reclamos al tribunal en general y a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola porque, según dijo no habrían investigado los mensajes de José López que ella decidió exponer.
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En el video que la vicepresidenta filmó desde su despacho en el senado expresó: “El trato de familiaridad con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez no lo veo con ningún otro. Yo no considero que la amistad sea un pecado, pero quien ha considerado que esto es delito son los fiscales Luciani y Mola. ¿No les llamó la atención esta familiaridad a los fiscales y a los jueces?”.
Los fiscales habían pedido el lunes que se investigue el contenido del celular de José López, en otra causa penal. En ese sentido, el fiscal Luciani dijo: “Vamos a solicitar la extracción de testimonios acerca de las posibles ilicitudes de las mismas características que las que han sido señaladas en este alegato en relación con el hospital materno infantil de Río Gallegos, lo que surgiría de las conversaciones que han sido expuestas por José López y Abel Fatala, como así también de todos los posibles ilícitos que surgen de los mensajes del teléfono de José López, en el que habrían participado diferentes funcionarios y particulares”.
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Cristina Fernández había recusado a los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, hace diez días, luego de que el diario Página 12 diera a conocer que ambos funcionarios mantuvieron reuniones con Patricia Bullrich en 2017 y 2018, mientras ella cumplía funciones como Ministra de Seguridad.
Además, un tiempo antes, la defensa de la vicepresidenta recusó a los mismos jueces por integrar un equipo de fútbol que jugó un torneo en “Los Abrojos”, la quinta del Mauricio Macri. A esa recusación se sumaron las defensas de Lázaro Báez, Julio De Vido, y del ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
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