Los abogados del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, exigieron este lunes 7 de febrero que se declare nulo el juicio que ambos enfrentan por presuntas irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal, luego de que uno de los jueces que llevaba la causa renunciara.
En la audiencia de este lunes, el magistrado José Martínez Sobrino presentó su renuncia al haber cumplido los 75 años que marca la ley. Su reemplazo será el juez suplente Ricardo Basílico, quien nunca presenció los debates.
Las defensas de Jaime y De Vido pidieron que se declare la nulidad del juicio –que lleva dos años y está por concluir– tras argumentar que sería muy difícil reproducir la prueba de los últimos cinco años.
Mientras, la fiscal Gabriela Baigún rechazó la solicitud y reclamó al Tribunal, también integrado por Fernando Canero y Julio Panero, que Martínez Sobrino no deje su cargo hasta tanto finalice el debate y así evitar que se caiga el proceso.
Compra de trenes "chatarra": piden ocho años para Jaime y cuatro para De Vido
La compra de trenes "chatarra" a España y Portugal
Durante la audiencia, Baigún reclamó la pena de ocho años de prisión para Jaime y cuatro años para De Vido. Además, demandó que De Vido pague una multa de 16 millones de pesos.
La fiscalía sostuvo que puesto que los trenes eran considerados "chatarra" y la intención de repararlos en talleres ferroviarios locales nunca se concretó, Jaime cobró un soborno del orden del millón de dólares a través de una consultora de Manuel Vázquez, considerado su testaferro, según reseñó la agencia NA.
Para Vázquez, la fiscal pidió la pena de cinco años y ocho meses de cárcel, más el pago de una multa del orden de los 11 millones de pesos.
Según Baigún, los funcionarios aprovecharon la política de reactivación ferroviaria impulsada por el gobierno de Kirchner para celebrar la operación de compra de coches a España y Portugal, en condiciones desventajosas para la Argentina, pero ventajosas para ellos.
Los exfuncionarios están acusados por "administración fraudulenta y cohecho" por un monto que ronda los 100 millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.
VF / ED
