El Ministerio de Seguridad de la Nación relevó, a lo largo del primer mes de cuarentena, doce episodios de violencia institucional en los que se vieron involucradas fuerzas federales a cargo de implementar el decreto presidencial de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Gendarmería encabeza esa cuenta como la rama que más implicados tiene entre los 25 funcionarios afectados.
Hasta el momento, solo cuatro de los responsables fueron pasados a disponibilidad por la existencia de evidencia contundente contra ellos, específicamente grabaciones, o la admisión de responsabilidad. El resto fue removido de sus tareas de vigilancia mientras sigue el proceso interno de investigación que, en ocasiones, implica a más de uno de los participantes del operativo hasta tanto se dilucida el accionar.
Solo cuatro de los responsables fueron pasados a disponibilidad por evidencia contundente contra ellos. El resto fue removido de la vigilancia mientras sigue el proceso de investigación
La mayor parte de los casos tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en los barrios populares, bajo custodia de la Gendarmería y Prefectura. La lista incluye hechos ocurridos en Isidro Casanova, partido de La Matanza, y en La Cava, San Isidro, asi como en los barrios 1.11.14, Fátima y 21-24. Esta última barriada fue la que más casos concentró a nivel territorial.
También hubo un episodio que involucró a la Policía Federal en Cipolletti, provincia de Neuquén. Ocurrió el 26 de marzo cuando una pareja gay acudía a comprar alimentos en los primeros días de la cuarentena y la abordaron oficiales de esta fuerza. Los jóvenes aseguraron haber sido tratados como "delincuentes" y filmados por varias personas con sus celulares como "material de exhibición".
La Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional es la que se ocupa, dentro del Ministerio, de relevar las denuncias y requerir a la fuerza involucrada toda la información relativa al caso a la par de los antecedentes de quienes pudieron participar. Como advierten en el ministerio, no siempre eso está individualizado el responsable del accionar.
La lista incluye hechos ocurridos en Isidro Casanova, partido de La Matanza, y en La Cava, San Isidro, asi como en los barrios 1.11.14, Fátima y 21-24
Así sucedió con un patrullero de Gendarmería que recorría las calles de La Matanza transmitiendo, por el sistema de alto parlantes, un fragmento de la película "La Purga", en medio de la noche. Pese a haber sido captado en video, no podía visualizarse su identificación, razón por la cual los dos móviles afectados esa noche a la vigilancia fueron relevados de la tarea hasta tanto uno de ellos admitió ser el autor.
En ocasiones, la denuncia es presentada desde algún organismo, tal como ocurrió con el caso de la Federal en Cipolletti, donde intervino el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). También la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervino frente a otra de las denuncias. Otras veces se relevan cuando cobran estado público vía redes sociales o en los medios —La Poderosa ha presentado varias acusaciones— y hubo una, incluso, que llegó al Ministerio a través de la línea 134, la misma que se utiliza para denunciar las condiciones de aislamiento y que también puede ser usada para visibilizar situaciones de violencia institucional.
El INADI y la Secretaria de DDHH formularon denuncias y hubo solo una que llegó a través de la línea 134, la misma que se utiliza por situaciones que rompen el aislamiento.
El 25 de marzo pasado, el funcionario a cargo de la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional, donde se enmarca el área que monitorea los episodios de violencia institucional dentro del ministerio, Esteban Rosa Alves, envió una nota a las cabezas de cada una de las fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Seguridad Aeroportuaria—con un protocolo que debe regir el accionar del personal destinado a tareas de calle en base a la "legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad". Cualquier conducta que se aparte de estas órdenes ya es plausible de sanciones disciplinarias.
A lo largo de las poco más de dos páginas, instaba al personal a que prime "el buen trato y respeto, propiciando el diálogo" al momento de abordar un presunto infractor y prohíbe cualquier tipo de dispersión a bordo de vehículos. Por último, ante la decisión de avanzar en una detención, remarca que se deben respetar las garantías y derechos del ciudadano o ciudadana al que se priva de su libertad. El mismo protocolo fue replicado, la semana pasada, por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en un documento propio con idéntica intención.
Una nota del ministerio a los comandantes de las cuatro fuerzas, el 25 de marzo pasado, los instaba a que primer "el buen trato y respeto" al actuar en la calle
Por fuera de estos casos, hay una multiplicidad de denuncias contra las fuerzas provinciales cuya responsabilidad radica en las gobernaciones. Fue uno de los temas que surgió en la última reunión virtual del Consejo de Seguridad Interior , hace dos semanas, de la que participaron la ministra Sabina Frederic y parte de su equipo junto a los responsables de Seguridad de cada una de las provincias.
"Si bien estamos en una situación excepcional, esto no debe dar lugar a atropellos de las fuerzas. La conducción de éstas implica instruir a la policía para que tenga cuidado de no avanzar sobre derechos y garantías constitucionales. Se debe evitar todo tipo de maltrato, violencia u hostigamiento a las personas”, señaló la titular de la conducción política de las fuerzas federales a nivel nacional.
