Crece la tensión en La Rioja por el pago de sueldo de los cerca de 900 empleados estatales designados por la intendenta de la capital, lo que provocó una marcha contra el gobierno provincial en reclamo del pago de sus salarios. Por su parte, desde el entorno del gobernador señalan que el costo debe afrontarlo el municipio y que se trata de una maniobra "ilegal".
Cientos de trabajadores estatales marcharon en la capital provincial para exigir al gobernador Ricardo Quintela que haga frente al pago de sus salarios en medio de acusaciones cruzadas entre el gobierno local, a mano de la radical Inés Brizuela y Doria, y el gobierno provincial de tinte peronista.
En tanto, en la manifestación se destacaron numerosas personas a bordo de vehículos de la flota municipal presuntamente utilizados para movilizar a los trabajadores para presionar al gobierno luego de que éste estableciera que la responsabilidad para afrontar los pagos de esos salarios "es responsabilidad" del municipio.
Por su parte, desde el entorno oficialista de la provincia apuntan contra "los representantes del macrismo" en La Rioja como los ideólogos de la convocatoria que elevó la tensión entre el municipio y la provincia.
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Esta situación se da en el marco de la crisis política a raíz de los pases a planta permanente de casi 900 trabajadores del municipio capitalino por parte de la intendenta radical, algo que desde el entorno del gobernador calificaron de "ilegal", en vistas de una ley de 2015 que "inhibe a los municipios la potestad de designar empleados sin el aval del Ejecutivo".
Además, fuentes cercanas al gobierno provincial señalaron que Brizuela y Doria tomó esa decisión "sin hacer una previsión de cómo afrontará el pago de esos sueldos y desconociendo las leyes vigentes en la materia".
"Los empleados marcharon para exigirle a la provincia asuma los costos de sus salarios producto de la decisión unilateral de la jefa comunal", indicaron.
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Más allá de los idas y vueltas, el tema está en quién le pagará los sueldos a los flamantes trabajadores de planta permanente del estado municipal riojano. Desde la provincia señalan que la intendenta "deberá utilizar fondos coparticipables y extra coparticipables" asignados, algo que complica la situación de un municipio que "no le alcanza para brindar los servicios esenciales".
Por su parte, Brizuela y Doria, sospechada de convocar marchas en contra del gobierno de Quintela, indicó en sus redes sociales que su decisión de designar formalmente a los casi 900 mil trabajadores en el Estado "tiene respaldo legal, económico y moral".
"Nos asiste la Constitución y leyes nacional, provincial y municipal que indican que tengo la facultad de designar personal Municipal y que es el Gobierno Provincial, el encargado de garantizar el pago de los salarios a los trabajadores estatales", puntualizó la intendenta macrista en Twitter, quien justificó la medida cuyo fin fue regularizar la situación de trabajadores precarizados.
