El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, indicó que van a rechazar los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión informados a los usuarios. Fue en referencia a los incrementos anunciados por las empresas prestadoras para los meses de agosto y septiembre.
"Lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año", señaló López al referirse a los planes de incremento que comunicaron las compañías; al cual calificó de "disparate".
Adelantando la estrategia del Organismo oficial dijo: “Nosotros vamos a rechazar los aumentos"; en cuanto a la carga que significará para los usuarios enfatizó a la agencia Télam: "Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va a quedar sin servicio".
En enero pasado, cuando se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, el Ente regulador autorizó subas del 20% hasta el 1 de julio. Sin embargo, las prestadoras aumentaron alrededor de un 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU presidencial (número 690) y sus reglamentaciones que categorizaron como servicios públicos esenciales y en competencia a la televisión paga, internet y telefonía.
El objetivo del organismo “era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos” que “vamos a rechazar", indicó su vicepresidente. Recordó que hay cautelares iniciadas por las firmas que impiden la aplicación del mencionado Decreto, que declara a esos servicios como esenciales y su posibilidad de regular los precios.
"En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público", definió López.
El segundo del ENACOM dijo que más allá de las objeciones al DNU, "las empresas están invirtiendo más que en el 2019", cuando los precios estaban liberados. Según Télam, el funcionario concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, "la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía".
Con respecto a la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó: "Subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos".
La decisión de declarar a Internet como servicio público fue tomada hace un año en plena pandemia de Covid-19, con aislamiento y un congelamiento de tarifas (gas, luz y agua), cuando las empresas del sector "quisieron volver a aumentar de un modo brutal" los precios de los servicios. La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público "le pese a quien le pese".
